Actualmente existe una
controversia sobre la organización de las Fiestas de la Calle San Sebastián
(FCSS). Por un lado el comité organizador
reclama los derechos exclusivos de la celebración de la fiesta y el uso de su
nombre ya que tienen inscritos una corporación llamada “Comité Organizador de
las Fiestas de la Calle San Sebastián, Inc.” (Comité). Por otro lado la Alcaldesa de San Juan alega
falta de transparencia y denuncia el interés de lucro del Comité al pretender
que el Municipio corra con una serie de gastos, recibiendo un ingreso mínimo
comparado con su inversión (personal, fondos, limpieza, seguridad, servicios de
emergencia, etc.), mientras el Comité recibe la mayoría de los ingresos.
Hay quien alega que el comité no está
compuesto de personas residentes en el Viejo San Juan, mucho menos en la Calle
San Sebastián y que por lo tanto los vecinos de la calle no tienen conocimiento
de los planes de dicho comité para la organización de las fiestas. Otros alegan que no es apropiado que el
Municipio pretenda apropiarse de las Fiestas ya que abre las pertas a que en el
futuro se manipulen a gusto y gana del incumbente de la poltrona capitalina.
¿Es malo que el Municipio decida
correr las fiestas? No necesariamente, todos los municipios de PR corren las
fiestas patronales. Después de todo, si
el Municipio corre la limpieza, la seguridad y los servicios médicos de
emergencia ¿que resta por controlar?
Aparentemente la disputa es el control de la Plaza del Quinto Centenario
sobre la cual aparentemente el Comité reclama derechos exclusivos. Hasta donde tenemos conocimiento, la Plaza es
pública y se necesita un permiso ya sea del Estado o del Municipio para
realizar cualquier actividad. Así que
independientemente de la actividad, de quien la organice y de quien otorgue el
permiso, no hay una obligación de permitir la celebración de actividades por
parte del gobierno estatal o municipal.
¿Es malo que el Comité reclame
derecho sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián? No necesariamente. Pero eso tendría que ventilarse en un
Tribunal. Pero asumamos que su interés es
de buena fe. ¿Es malo que haya un lucro
por una actividad evidentemente exitosa, como las FCSS que se han convertido en
el principal evento cultural de PR?
No. ¿No hay un interés de lucro
de parte de los productores (la mayoría de los cuales sabemos quiénes son) de
conciertos, festivales, carnavales, exhibiciones, etc. que usan facilidades del
Gobierno y cobran a los que asisten? ¿No
negocian con auspiciadores y contratan espectáculos artísticos de todo
tipo? Claro que sí, pero ellos corren
con la seguridad, el control del público, los servicios de emergencia, etc. Luego de recolectar la taquilla: ¿no pagan el
IVU?, ¿no pagan contribuciones personales o corporativas? Claro que sí, o por lo menos se supone.
El problema con el Comité es que
se han autoinvestido de una inmunidad y confidencialidad que muy bien pudo
haberles funcionado con la pasada administración. Les dejo las implicaciones a su imaginación. El Comité se ha autoproclamado sacerdotes de
la preservación de la cultura, exentos de justificar sus actos y dignos de
exigir toda la colaboración que deseen del Municipio para lograr el éxito de “su”
actividad sin que se les pida cuentas a cambio.
Me sospecho que este es uno de los muchos casos de instituciones sin
fines de lucro de las cuales viven muchas personas sin rendir cuentas escudándose
detrás de una noble función social. Esperemos que este caso no termine como
termino el Comité Organizador de la Parada Puertorriqueña de Nueva York, donde
salieron a relucir serias irregularidades en el manejo de fondos públicos y
unas serias deficiencias en la supervisión de sus operaciones y que dejando los
personalismos y ansias de protagonismo se llegue a una negociación de buena fe
o de negocios claros y transparente, pero que podamos asistir y celebrar las
Fiestas el próximo año.
Por último y nota aparte,
escuchaba las rimbombantes expresiones del legislador municipal del PIP en San
Juan reclamando falta de transparencia, democracia y gobernanza participativa
en este proceso. Viniendo de un miembro
de un partido tan “transparente”, “democrático” y “participativo” como lo es el
PIP el reclamo parece un chiste de mal gusto.
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