Comprendo la incertidumbre de
muchos ciudadanos ante la implantación de un impuesto mínimo de 16%. Sobre todo cuando es propuesto por el partido
que históricamente ha usado como punta de lanza contra la estadidad las altas
tasas de impuestos aplicables a los residentes en los EEUU. Sin embargo, debemos evaluar el impacto de
este nuevo impuesto versus el impacto de la reducción en contribución sobre
ingresos.
Para aquellos que no hayan hecho
este ejercicio les expongo mi caso como ejemplo: este año recibiré un reintegro
de unos $2,100 deduciendo única y exclusivamente un (1) dependiente, la
aportación a cuentas de retiro y los intereses hipotecarios. Usando los mismos ingresos, pero con la única
deducción de la aportación a cuentas de retiro recibiré un recibo de unos
$6,500, a base de las tasas contributivas del proyecto de ley. Esto representa un aumento de $4,400 anuales adicionales
en mi bolsillo, o sea, unos $370 mensuales.
Actualmente pagamos un IVU de 7%,
o sea, que con el IVA pagaríamos mínimo un 9% adicional. Para efectos de simplificar el análisis
digamos que pagaremos un 10% adicional.
Esto significa que para cancelar la reducción de $4,400 tendría que
consumir $44,000 en bienes y servicios a los que les aplique el IVA. Si eliminamos los medicamentos recetados, los
alimentos no procesados y el pago de hipoteca cubrimos tres (3) de nuestras
necesidades básicas: salud, alimentación y vivienda.
Como he manifestado antes, el día
que nos concienticemos de que somos un país pobre podremos enfrentar la
crisis. Ese día llegara cuando dejemos
de comprar por marcas, de desechar vestimentas y calzados en buenas condiciones
para estar a la moda, cuando compartamos la comida en familia en lugar de
continuar comiendo los combos familiares que envenenan a nuestra población,
sobre todo a nuestros niños, reduzcamos el consumo de “Gigas” de data y minutos
de celular y compartamos con nuestros
vecinos de carne y hueso. Resulta
significativo que Google haya elegido a Puerto Rico para probar las ventas de
su nuevo teléfono ya que la razón para justificar esta decisión es que los puertorriqueños
están al día en la tecnología, o sea, que cambiamos los celulares todos los
años por el nuevo modelo y estamos dispuestos a pagar los cargos por el cambio
o simplemente comprar los celulares nuevos.
El día que manejemos nuestros
ingresos de manera razonable patrocinaremos cada vez menos las grandes cadenas
que nos venden lo que necesitamos y nos meten por los ojos lo que no
necesitamos. Cuando el costo de operación
de estas compañías no justifique su permanencia se irán de Puerto Rico y
entonces los pequeños comerciantes ocuparan el nicho dejado vacío.
Sobre el impacto sobre los “más
necesitados”: con tanto desempleo y con las ayudas del PAN, con luz y agua
subsidiada, el colmo es que no tengan tiempo para cocinar sus propios alimentos
exentos de IVA. Sobre el aumento en los servicios médicos, las presentes
generaciones pueden verse afectadas en algún grado pero si comemos veneno para “economizar”
o porque no tenemos tiempo no podemos quejarnos después de pagar altos costos
de medicación y hospitalización y tener que pasar largas horas en oficinas médicas
y en hospitales recibiendo tratamiento.
Como cuando hay aviso de peligro para embarcaciones pequeñas y nos
metemos al mar en una tablita de surf con un remo y sin salvavidas y cuando
ocurre la tragedia criticamos a los rescatistas.
Donde tengo cierta objeción es en
el aspecto de la educación. Si los
propulsores del IVA afirman que no habrá un efecto cascada en los precios de la
mercancía, o sea, asumiendo un IVA de 15% que se divida en tres (3) pagos de 5%
por el exportador, el mayorista y el detallista el impacto sobre el consumidor
no debería ser significativamente mayor del 5% final. Asumiendo que eso sea correcto entonces el
IVA aplicable a la educación debería ser de alrededor de un 5%, o en su
defecto, eximir los colegios o universidades privadas y que éstas analicen el
impacto sobre sus costos de operación y entonces ajustar sus fuentes de ingreso
para balancear su presupuesto. Esto podría
implicar un aumento en el pago de matrícula, que no debería ser necesariamente
de 16% ya que sus costos solo aumentarían en proporción al aumento sobre el 7%
del IVU actual. De lo contrario, los
servicios educativos privados aumentarían en un 16% que pagarían los padres
para Hacienda, no para el colegio o universidad, mas el aumento que la institución
implante para cubrir el aumento en sus costos de operación que en teoría serian
alrededor de 10%.
Ya veremos si el Gobernador y los
que defienden el IVA se atreven a desenmascarar con datos reales la realidad de
los que se oponen al IVA en “defensa” del Pueblo y si estos últimos se atreven
a deponer en las vistas públicas con sus libros abiertos.
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