A continuacion les presento el texto de la columna del abogado de Anaudi y mis comentarios al respecto:
(según Lic. Osvaldo Carlo)
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Claritito para el Pueblo:
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El término corrupto fue acuñado por Aristóteles y
Cicerón antes del nacimiento de Cristo. Este mal ha estado presente, en mayor
o menor grado, en todo gobierno constituido en el mundo. En tiempos modernos,
la corrupción pública ha sido definida como el uso ilegítimo del poder para
beneficiar un interés privado.
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Que quiere distraer al lector adjudicando la corrupción
al Gobierno como si el Gobierno fuera un ente separado y distinto de las
personas que lo componen. Son las personas corruptas las que
constituyen un Gobierno corrupto junto a las personas corruptas que no están en el Gobierno.
Igual que los Populares se refieren a La
Fortaleza, el señor Gobernado, el Primer Ejecutivo, etc. cuando se les
pregunta sobre algún asunto negativo de su administración. Cuando es un logro lo llaman por su nombre
y apellido: Hon. Alejando García Padilla.
Típicas tácticas de distracción y asociación.
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Distinto a los crímenes violentos, la corrupción
forma parte de los crímenes de cuello blanco, una categoría de delitos que
contiene muchas áreas grises. Existen crímenes de cuello blanco que todos
podemos reconocer, como lo es el soborno, pero existen otros, como lo es el
brindar ciertos incentivos a compradores de viviendas, que son de difícil
reconocimiento.
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Argumento ciertamente gris. No está claro si se refiere a legislar
incentivos para beneficiar desarrolladores o ayudas para salvar bancos, o si
se refiere a la gestión corrupta de funcionarios, banqueros, desarrolladores
para lograr que incentivos legales (todo lo legislado es legal) de manera
ilegal violando u obviando procedimientos o requisitos.
Este párrafo no aporta nada a su argumento.
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En los pasados días, se ha estado discutiendo si
ciertas actividades constituyen corrupción pública. Una de estas actividades
es la recomendación de candidatos para posiciones en el gobierno. En
específico, las recomendaciones hechas por personas que han sido
contribuyentes y/o recaudadores de la persona que habrá de llevar a cabo el
nombramiento. Este tipo de recomendación es la norma en Puerto Rico y hasta
en el gobierno federal.
Un ejemplo de esta práctica la vemos en los
nombramientos de jueces federales, jefes de fiscalías federales, jefes de
alguaciles federales y otros funcionarios federales. Usualmente, el
presidente, “National Committee Man”, “National Committee Woman” y otros
funcionarios de los partidos republicano y demócrata locales, envían cartas
al presidente de Estados Unidos en las que recomiendan a personas para ser
nombradas a estas posiciones. Estos funcionarios, de los partidos nacionales,
son a su vez recaudadores de fondos y contribuyentes del presidente y
congresistas.
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Tiene toda la razón, los partidos tienen ideologías
y hay empresarios que las apoyan y quieren ayudar a desarrollarlas ya sea
para beneficio del País o beneficio propio, intenciones que no siempre son
mutuamente exclusivas.
Tiene toda la razón, pero no aporta nada nuevo ni
constituye delito ni apariencia de corrupción.
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De igual manera, la práctica de ciertos
proveedores de acercarse a los allegados de la administración de turno para
cobrar deudas, ha sido la norma hace muchos años. Si el proveedor recibe un
acercamiento en el que se le indica que de no contratar el servicio de cobro
no se le habrá de pagar, se convierte en una amenaza de daño económico que constituye
delito. De lo contrario, si el proveedor requiere voluntariamente el
servicio, la gestión de cobro no es ilegal.
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Tiene toda la razón, y no hay nada malo que un
empresario que ofrece un servicio legalmente adjudicado y completado
satisfactoriamente reclame su pago a toda costa.
Lo que convenientemente omite el Lic. Carlo es que
su cliente hace gestiones de cobro posiblemente de manera ilegal si no cumple
con los requisitos de ley (este asunto lo discuto en un escrito anterior
sobre este tema) y de manera inmoral usando la influencia sobre personas que
el promovió y exigió que fueran nombradas.
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No siempre es ilegal dar regalos o invitar a
comer a funcionarios de gobierno. Aun en el sistema federal existen
excepciones a la regla. Un ejemplo de esto son los regalos e invitaciones que
recibe un funcionario por motivos familiares o de amistad. Se les reconoce a
los funcionarios públicos el derecho de mantener la misma relación que
mantenían con sus amistades antes de su nombramiento.
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Tiene razón en que los funcionarios públicos pueden
recibir regalos. De hecho el Informe
de Etica contiene un apartado para informar los mismos.
Y claro que las amistades pre-designaciones y
lazos familiares no pueden cortarse por que una persona ocupa un puesto público
o una persona se hace empresario o contratista.
El problema son las amistades que están basadas única
y exclusivamente en la ideología política y el interés común de explotar el
gobierno, uno desde afuera y el otro desde adentro del Gobierno. Máxime
cuando esas relaciones se usan para colocar personas en puestos con poder
decisivo sobre asuntos de su inherencia y campo de negocios.
Por ejemplo: Anaudi pudo haber recomendado para
Sec. de Salud a un amigo o pariente suyo y hacer negocios con el Gobierno
construyendo escuelas. Pero recomendar
personas claves en AAA para luego ir a hacer gestiones de cobro millonarias
para otros (no es que le debían a él la construcción de un acueducto) es como
poco inmoral y antiético y posiblemente ilegal como discuto en un escrito anterior.
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Muchos contribuyentes y recaudadores políticos
son empresarios. Estos no están impedidos de hacer negocios con el gobierno
luego de las elecciones.
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Increíblemente, en el siguiente parrafo, describe perfectamente la conducta
de su cliente y la de los co-conspiradores de la Cámara de Representantes.
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Siempre y cuando estos empresarios cumplan con
las normas de subasta y/o de contratación, tienen el derecho de contratar con
el gobierno. Es cuando se les hacen concesiones especiales o cuando obtienen
contratos sin cumplir con los requisitos legales, que surgen las bases para
imputar alguna ilegalidad.
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Anaudi NO cumplió con las normas de subasta y/o
de contratación, por lo que NO tenía el derecho de contratar con el gobierno.
Los 3 co-conspiradores de la Cámara de Representantes le hicieron concesiones
especiales y de ahí surgen las bases para imputar alguna ilegalidad. Añadiendo que luego de adjudicado el
contrato no pudieron completar las obras aunque siguieron cobrando.
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Hace unos años, un grupo de donantes y
recaudadores del Partido Demócrata en Puerto Rico viajaron a la Casa Blanca
para pasar la noche allí y asistir a un desayuno con el presidente Bill
Clinton. Durante el desayuno, uno de los contribuyentes fue grabado cuando
hacia el gesto de entregar una contribución
política al presidente. La Casa Blanca, la cual
pagan los contribuyentes, estaba siendo utilizada para una actividad de
recaudación política, una de muchas que allí se realizaron.
Áreas
grises.
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No tiene que ir tan lejos, aquí Pedro Rosselló
patrocinaba los almuerzos entre jefes de agencias y contratistas.
Sobre el uso de propiedad pública por parte del
Presidente de los EEUU para fines de campaña, no sé si es verdad, pero he visto en algunas series
televisivas con temas presidenciales donde esta situación se plantea y se
habla de un costo a pagar si se realizan actividades de recaudación en
propiedad pública: la Casa Blanca, el Air Force One, etc.
Si estos son los argumentos del Lic. Carlo para
defender a Anaudi, es mejor que Anaudi tenga una buena bitácora con todos los
regalos y favores pareado con los nombres de las personas con las que BREGO
durante los pasados 3 años.
Está CLARITITO.
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