“…de acuerdo a la protección constitucional (federal) contra la
doble exposición y debido a que Puerto Rico no es un estado
federado, no se puede
procesar en los tribunales de Puerto Rico
a una persona que haya
sido absuelta, convicta o expuesta a serlo
por el mismo delito en
los tribunales federales.”
Para sorpresa de muchos, el
Tribunal Apelativo de PR (TAPR) le extendió una disposición del procedimiento
judicial federal al caso de Pablo Casellas para determinar que el veredicto no
cumple con el requisito de unanimidad que exige el Tribunal Federal en sus casos. Esta decisión emana de una interpretación y extensión
estilo “estirar el chicle” de la decisión del Tribunal Supremo de PR (TSPR) donde
revocan la jurisprudencia hasta ahora vigente (Pueblo v. Castro García) en el
sentido de que una violación tanto federal como estatal podía ser procesada en
ambos foros.
El caso que revoca esta doctrina
(Pueblo vs. Sánchez Valle) se basa en que la soberanía judicial de PR
emana del Congreso de los EEUU, al igual que la soberanía judicial
federal. Por tal razón, concluye el TSPR
que “Puerto Rico no es una jurisdicción
distinta e independiente a Estados Unidos”.
Basado en esta conclusión, el TAPR acepta el alegato de la defensa del
señor Casellas de que el veredicto de culpabilidad en su no es válido porque no
se cumplió con el requisito de unanimidad del sistema de justicia federal. Hay que estar claro, no se cuestiona la
evidencia, los testigos, al jurado, lo que se cuestiona es que el veredicto debió
ser unánime y no por mayoría simple como se acepta en PR. En Pueblo vs. Sánchez
Valle se aplica este razonamiento a casos de Ley de Armas que fueron
procesados en el foro federal y que cuando se fueron a procesar en el foro
local se sometieron mociones de desestimación planteando el concepto de “double
jeopardy”, las cuales fueron acogidas. Como
verán, hay dos asuntos distintos y diferentes planteados, la doble exposición y
la unanimidad del veredicto.
Ciertamente, resulta irónico que
el Gobierno de PR que se ufana de federalizar el procesamiento de los crímenes y
que por lo regular espera que se procesen en el foro federal para luego decidir
que van a hacer a nivel local cuestione que se defina como doble exposición el
procesamiento dual de un acusado.
Entiendo que si el Gobierno de PR tiene la intención de procesar a un
acusado debería reclamarlo desde el principio si existe jurisdicción dual y no
esperar que los federales le apliquen la aplanadora del FBI y Fiscalía Federal
con su Gran Jurado, con sus videos, intercepciones telefónicas, etc. privando a
los acusados de los procesos de múltiples vistas, objeciones, dilaciones, etc.
que se aplican en el proceso local.
Por otro lado, extender al foro
local la unanimidad del veredicto es “estirar el chicle”. ¿Piensan que es casualidad que se exija un
veredicto unánime en el foro federal? Piensen
en los casos que se han ventilado en PR en el foro federal, aparte del caso de Aníbal
Acevedo Vila, ¿recuerdan algún otro caso donde la fiscalía federal no haya
logrado la convicción, o simplemente que se declaren culpables los
acusados? Yo no recuerdo ninguno y no
deben ser muchos. ¿Por qué pasa
esto? Bueno, ustedes oyen a la fiscal
federal y al FBI en sus conferencias de prensa de los años que duro la investigación,
de las horas de video y grabaciones telefónicas que tienen para procesar a los
acusados. Después de años de investigación,
los acusados, y hasta los testigos, van como ovejas al matadero cuando entran
al Edificio Federal para enfrentar solitos el Gran Jurado y al fiscal federal,
y cuando salen parecen más criminales que cuando entraron y se consuelan con
decir “me aseguraron que no soy tarjeta de investigación” tratándose de convencerse
a ellos mismos más que a los periodistas.
Ante un sistema tan favorable para la fiscalía sería un abuso que no se
exigiera algo menos que unanimidad en el veredicto para nivelar el proceso.
Si a todo el sistema judicial
local con sus vericuetos legales de los cuales se aprovechan los abogados
criminalistas le añaden que el veredicto tiene que ser unánime, se estaría condenando
el sistema penal a ser uno inoperante en el mejor de los casos y corrupto en el
peor. Un abogado que identifique un
testigo débil que pueda ser chantajeado o comprado sería una garantía fácil y
barata de un resultado favorable, al menos ahora tendrían que comprar 4
testigos.
La única solución sería o revocar
esa decisión del TAPR o que el TSPR decida que el sistema judicial local tendrá
que reformarse y aplicar los mismos principios y procedimientos federales, incluyendo
la abolición de la prohibición de las grabaciones telefónicas que nuestras Constitución
dispone. En resumen, que somos o no
somos, pero no podemos ser a medias.
Un último comentario: la cita al
comienzo es un ejemplo de la “lógica” de los abogados. Solamente adquiriríamos soberanía judicial de
la federal si políticamente nos integráramos a los EEUU como un estado
federado, o sea, que perdiendo soberanía política ganamos soberanía judicial.
