lunes, 26 de junio de 2017

PC1018




La legislatura acaba de aprobar  el PC #1018 para proteger la libertad religiosa de funcionarios y empleados del gobierno que se vean en la posición de tener que ofrecer servicios que van contra sus principios religiosos.  La mayor propulsora de este proyecto, la licenciada Charbonier, alega que este proyecto no discrimina contra nadie.  Sin embargo, dentro de la locura de este proyecto, el mismo da trato preferencial a la protección de las creencias religiosas, uno de los varios criterios que nuestra Constitución protege en la primera sección de su Carta de Derechos.

¿Por qué podría un funcionario de gobierno discriminar por su creencia religiosa y otro funcionario de origen humilde no podría discriminar contra un desarrollador que se dedica a aprovecharse de las comunidades menos aventajadas para adquirir terrenos a bajo precio?  ¿Por qué un funcionario independentista no podría discriminar contra un peticionario estadista?

Si es posible una discriminación son posibles todas.  Todos los criterios están incluidos en una misma oración y tienen la misma categoría, no hay nada que permita interpretar que el criterio religioso es uno especial o de mayor categoría o preponderancia que requiera un trato especial.  En ese caso, el PC #1018 si discrimina y le da trato preferencial a dicho criterio y a los que lo utilicen para justificar sus acciones discriminatorias.


¿No se supone que un abogado juro fidelidad a la Constitución?  ¿Puede ampararse un abogado en su inmunidad legislativa y parlamentaria para abogar por principios contrarios a la Constitución?  ¿No puede el Colegio de Abogados actuar contra legisladores que actúen en contra de los principios que juraron defender?  Una cosa es que se proponga enmendar la Constitución y se establezca que el Gobierno de PR será uno de carácter cristiano y que el Pueblo así lo avale y otra cosa es tratar de dar una interpretación ridícula a la Constitución mediante una legislación caprichosa. 

viernes, 23 de junio de 2017

LOS 7 DEL DRD

Acaban de acusar 7 personas por un esquema para obtener de manera fraudulenta acceso a fondos federales.  El más conocido de ellos, el pasado Secretario de Recreación y Deportes Ramón Orta.  Los demás, los sospechosos usuales, las sanguijuelas que se les pegan a todos los partidos políticos.  Ninguno de apellido Bernier ni Cruz.  Ciertamente lo único admirable de este grupo es la sangre fría que deben tener para estar robando mientras se ventilaba el caso de Anaudi en el foro federal.

¿Alguien ha escuchado algún cargo de crimen electoral en el manejo de fondos públicos o en la recaudación de fondos privados para la campaña del PPD o de David Bernier?  Yo no.  Lo que se describió es la típica conspiración público-privada que comúnmente se planifica en los partidos políticos para saquear los fondos del erario público.  Nos escandalizamos cuando los cogen, pero en el fondo sabemos que esto es la punta del iceberg.

Escucho a los analistas alegando que Bernier debió saber, que no puede desligarse, inclusive a líderes del propio PPD alegando que fulano y sutana le habían advertido.  ¿Qué es lo que debía saber Bernier?  Él no era supervisor de Orta y no tenía ninguna relación con los demás acusados como Secretario de Estado.  Si no tiene conocimiento de lo que otro Secretario hace no hay manera de ligarse o desligarse de esos actos.  ¿Qué es lo que le advirtieron a Bernier durante la campaña?  ¿Sabían los líderes del PPD (Héctor Ferrer, Charlie Delgado) del esquema de fraude?  ¿Tenían dudas sobre Sosa porque se alega es estadista?  Eso es razonable, pero eso no implica corrupción, de hecho no hay una acusación de delito electoral.  ¿Acaso es que mientras manejaba la campaña de Bernier hacia aportaciones al PNP, o simplemente se apropiaba de parte de los recaudos en vez de depositarlos en la cuenta del partido?

Por un lado tenemos al actual liderato del PPD tratando de sacar provecho para insinuar con comentarios vagos la asociación de Bernier con elementos de dudosa reputación  o por lo menos una negligencia de Bernier en el manejo de su campaña.  Inclusive, para seguir esparciendo asociaciones negativas fueron rápidos en dar a la luz que uno de los acusados tiene/tenia contratos con el Municipio de San Juan.  Tanto Bernier como la Alcaldesa de San Juan son potenciales retadores de Héctor Ferrer para la candidatura a la gobernación en el 2020.  Asumiendo que para entonces todavía exista el PPD.

Lo que es raro es que a pesar del precedente del caso de Anaudi bajo la administración de Alejandro García Padilla el nombre que menos se escucha es el de este.  Parecería que el hecho de que bajo una misma administración se detectaran y procesaran acusaciones contra los implicados en 2 esquemas distintos resulta inconcebible.  Pero sí, es la misma administración de García Padilla, y de la misma manera que podría haber Anaudi 2, no me extrañaría que hubiera un Orta 2.

Departamento de Recreación y Deportes, Departamento de Educación, Administración de Vivienda Pública, WIPR, cuatro agencias involucradas en este esquema ¿y solamente Orta es acusado?  ¿El técnico de DE que manejaba estas propuestas nunca noto algo raro en que el DRD utilizara un correo electrónico de Gmail en lugar de un correo electrónico oficial del Gobierno?  Es costumbre que cuando una agencia tiene que realizar una gestión en otra agencia los secretarios se comuniquen para agilizar los trámites, ¿el Secretario del DE nunca se enteró de los proyectos del DRD?  ¿Estos proyectos nunca se discutieron en las reuniones de staff de Fortaleza?  ¿El Secretario de la Gobernación (Ingrid Vila y sus posteriores sucesores) nunca se enteraron de estos proyectos?  ¿Tal vez por esto fue que Ingrid comentó que no le extrañaban las acusaciones en el caso de Anaudi?

Lo que demuestran estas acusaciones es que la corrupción desfachatada y sin escrúpulos ya no es patrimonio exclusivo del PNP.  En las pasadas elecciones más de 250,000 electores abandonaron los partidos tradicionales.  En el pasado plebiscito se vio la decepción con el actual partido de gobierno y como más de 150,000 electores no apoyaron la propuesta de su líder, al que apoyaron en las elecciones hace poco más de 6 meses.  Al ritmo que van los casos de Anaudi y Orta en el foro federal y ahora el caso Perelló en el foro estatal no me extrañaría que el PPD pierda una cantidad similar de electores.  A esto añádanle los electores PNPs que se perderán dependiendo de la cuota de corrupción de esta administración que ya va por los $3.6M y 22 empleados.  A esto súmenle el caso O’Neill con todas sus ramificaciones incluyendo la posible vinculación del padre de Thomas Rivera Schatz.


En resumen, que para las próximas elecciones podrían haber cerca de 500,000 electores buscando nuevas opciones.  En las pasadas elecciones Alexandra Lugaro y Manuel Cidre fueron responsables de que el PPD no estuviera todavía en el poder con ese esquema de corrupción por 4 años adicionales.  En las próximas elecciones espero que esos electores no se conformen con derrotar al PNP o al PPD y se atreva a escoger una nueva opción.