Quien "Controla" al Contralor?

Como parte de los funcionarios administrativos que se desempeñan en la Legislatura, el Presidente del Senado recluto de vuelta al Sr. Manuel Torres como Secretario del Senado, puesto que ocupo en el periodo de 2009-2012 bajo la presidencia de Thomas Rivera Schatz, quien repite este cuatrienio en dicho cargo.  El señor Torres fue designado en el 2012 al puesto de nueva creación de Contralor Electoral, puesto que tenía el propósito de establecer un organismo que fiscalizara las recaudaciones de los candidatos en la campana eleccionaria que se avecinaba.

O sea, que el señor Torres quien venía de ocupar un puesto de confianza eminentemente política de nada más y nada menos que del Presidente del Senado tenía que auditar las recaudaciones de su exjefe político y el resto de sus compañeros de partido en la legislatura que iban a la reelección y de algunos que aspirarían por primera vez.  Este nombramiento fue aprobado por la Legislatura y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) no presentó ninguna objeción y si la presentó no fue muy vocal.  Es obvio que si el PNP estaba en mayoría haría lo que fuera necesario para cubrir puestos con personas afines a su ideología.  Pero ¿era el señor Torres un PNP más?  No, la biografía publicada por el propio Senado cuando fue nominado al puesto de Contralor Electoral confirma que desde muy joven fue un activo militante del PNP:

“En el renglón político, comenzó a la edad de los dieciséis (16) años, ocupando posiciones en la Juventud de su partido a nivel local, municipal y estatal.”

Veamos su historial laboral:

1985, inicia su carrera en el servicio público como Coordinador de Servicios a la Juventud, en la Oficina de Servicios a la Juventud del Municipio de San Juan bajo la administración de Baltasar Corrada del Rio, miembro del PNP.

1989-1991, decide entrar en el servicio militar para servir como miembro de la Guardia Nacional, coincidiendo con la administración de Héctor Luis Acevedo, miembro del PPD.

1991, se reintegra al servicio público, esta vez en la Cámara de Representantes como asesor en Asuntos de la Juventud del representante Ángel Cintrón, miembro del PNP.

Entre 1992 y 1996, se desempeña como ayudante ejecutivo del representante Cintrón, miembro del PNP.

1997-2000, ocupa varias posiciones en la Cámara de Representantes, bajo la Presidencia de Edison Misla Aldarondo, miembro del PNP

2000, es nombrado por el gobernador Pedro Rosselló González como miembro de la Junta de Directores del Fondo del Seguro del Estado y de la Junta de Directores de la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACCA). También fue miembro del Comité de Finanzas de la Junta de Directores del Fondo del Seguro del Estado.

2001-2004, fue el Director de la Oficina de Asesores de la Delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado de Puerto Rico y Asesor Legislativo del Director Ejecutivo del Municipio de San Juan bajo la administración de Jorge Santini, miembro del PNP

2005, fue elegido como Secretario del Senado, el 10 de enero de 2005, por el Presidente del Senado, Kenneth D. McClintock Hernández, miembro del PNP

2009, fue nominado por el Presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, miembro del PNP

Como pueden apreciar el historial en el servicio público del señor Torres comprende de periodos donde el PNP está en el poder o como asesor de legisladores PNPs.

Fíjense que no existe experiencia alguna en la empresa privada, la misma empresa privada que tanto los políticos exaltan y a la que le piden que miremos como la fuente de empleo para echar a PR “pa’lante” etc. etc. Claro la empresa privada para el Pueblo, para los elegidos una carrera en el Gobierno garantizada.

Después de una carrera 31 años como activista PNP (1981-2012) se pretendió que creyéramos que el señor Torres ejercería una función de fiscalización imparcial y libre de ataduras hacia el partido que durante todo ese tiempo lo mantuvo en su nómina.

Lo cierto es que durante el periodo de 2012-2015 la función del Contralor Electoral, como pasa con el personal de la Comisión Estatal de Elecciones, fue mínima.  Durante los recientes periodos eleccionarios ¿alguien escucho de alguna decisión trascendental de la Oficina del Contralor Electora?  ¿Se descalificó a alguien por su recomendación?

Ante la inacción de la Oficina de Ética Gubernamental ¿que hizo el PPD?  En lugar de eliminar esa oficina que no tiene mas fin que el de acomodar a activistas políticos en puestos con buenos sueldos para que éste a su vez contrate políticos derrotados o a sus parientes, el PPD tomo la sabia decisión de nivelar la balanza y decidió crear un puesto de Subcontralor Electoral con las mismas funciones para poder contratar a sus políticos derrotados o a sus parientes.

¿Ahora pregúntese usted porque un profesional desapasionado e imparcial que ocupa un puesto garantizado por 10 años con un sueldo muy por encima de la media de los puertorriqueños (que tienen la dicha de tener un trabajo) en el cual se supone aporte para mantener la pureza del proceso electoral decide renunciar para ocupar un puesto político en un cuerpo moralmente desacreditado?  Bueno, tal vez ni es tan profesional, ni desapasionado, ni imparcial.  ¿Se imaginan que uno de los jueces del Tribunal Supremo nominados por los PNP’s decida renunciar para ocupar un puesto de asesor de un legislador?

Ahora, cuando se consulta con la Directora de la Oficina de Ética Gubernamental sobre la legalidad de esa renuncia y designación instantánea de un funcionario público de la Rama Ejecutiva que al aceptar su nombramiento en el Senado se convierte en un exfuncionario publico ésta se escuda en una interpretación disparatada amparada en que la OEG no tiene jurisdicción sobre la Rama Legislativa.

Como sabemos, en la Rama Legislativa ambos cuerpos crean sus reglamentos y comités de ética los cuales fiscalizan las actuaciones de los miembros electos de los mismos.  Estos reglamentos y comités responden a la disposición constitucional que dispone que los miembros de la legislatura serán los jueces de sus propios actos, lo que descarta toda intervención de la OEG.  Sin embargo, la constitución define a sus miembros como los que son elegidos los que tendrán la facultad de crear las oficinas que entiendan pertinentes para el funcionamiento de la legislatura, entre ellas la del Secretario del Senado.  O sea, el señor Torres no es un miembro de la Rama Legislativa sujeto a la reglamentación y comités de ética y ahora la Directora de la OEG le da total inmunidad y lo exime de ser sometido al escrutinio de su agencia.

Cabe mencionar que la propia Ley de Ética dispone lo siguiente en su Exposición de Motivos:

O sea, es claro que el fin de dicha ley es garantizar una conducta ética tanto de los servidores como ex servidores públicos de la Rama Ejecutiva, o sea, que como ex servidor público, el señor Torres está sujeto a las disposiciones de la Ley de Ética.

Veamos algunas de las prohibiciones aplicables a un servidor público:

Obviamente, una promesa de un nombramiento a un puesto como recompensa por una trato preferencial como Contralor Electoral encajaría perfectamente con estas prohibiciones. 

Veamos una prohibición adicional:

El Contralor Electoral es un servidor público que por la propia naturaleza de sus funciones pasa juicio sobre actos de personas que son de su misma afiliación política y que disfruto de la confianza de estos por un periodo extenso de tiempo, por no decir la mayor parte de su vida, incluyendo toda su vida laboral.  ¿La Directora de la OGP nunca pensó que aceptar ese nombramiento era de por si una violación a la Ley de Ética?  Si un Oficial Comprador de una agencia acepta un puesto de auditor interno en la propia agencia o renuncia a su agencia y acepta un puesto de auditor en la Oficina del Contralor y asume la auditoria sobre los procesos de compra que el mismo realizo, ¿no es eso un claro conflicto de intereses que requeriría la abstención de dicho funcionario o de lo contrario constituiría en una violación de la Ley de Ética?  Fíjense que la prohibición no implica comisión de delitos sino que el acto meramente “ponga en duda” el desempeño del servidor público.

Veamos ahora las prohibiciones para los ex servidores públicos, el estatus actual del señor Torres:

El primer párrafo prohibiría al ex Contralor ocupar un cargo en una agencia, con el pequeño detalle que la definición de agencia en esta ley se limita a la Rama Ejecutiva y no incluye la Rama Legislativa.  O sea, que es perfectamente legal que un partido nombre a un Contralor Electoral con la intención de manipular las elecciones con la promesa de recompensarlo con un puesto de su gusto si permanecen en el poder o posteriormente regresan.  Mientras una secretaria tendría que esperar un año para ejercer de “consultora” en relación a los asuntos con que estaba familiarizada en su oficina, por nimios que fueran, la persona responsable de velar por la pulcritud de la base de la democracia no tiene tal limitación si su recompensa se encuentra en la Legislatura.

Vean que inclusive la exclusión del segundo párrafo limita el regreso de un servidor público al sector privado (no gubernamental) si sus acciones oficiales pudieron beneficiar a la entidad a la que pretende ocupar un cargo.  Nuevamente, regresar al Gobierno, en este caso regresar a la Legislatura no tiene ninguna limitación aunque sus acciones oficiales pudieron haber beneficiado a la persona que le ofrece el cargo.

La Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, Ley Núm. 222 de 18 de noviembre de 2011, no exime al Contralor Electoral de la jurisdicción de la Ley de Ética y de hecho está sujeto a disposiciones como que afectan aceptar donativos y por otro lado requiere que refiera a la OEG acciones que detecte como resultado de sus acciones.

Como verán, cuando ocurrió la designación inicial como Contralor Electoral la OEG tuvo la oportunidad de objetar la legalidad de dicho nombramiento y recurrir a los tribunales, claro, no nos extraña que no lo hiciera si después de todo cuando el que nomino al señor Torres dejo la gobernación recibió una dispensa confidencial cuyos resultados hemos visto cuando este fue a trabajar a un bufete al cual su administración concedió contratos y recientemente fue designado a la Junta de Directores de la compañía con la cual firmo un lucrativo contrato para establecer una APP, lucrativo y beneficioso para la compañía obviamente.

El señor Torres no está bajo la jurisdicción en estos momentos por su nombramiento en el Senado no por que la OEG no tiene jurisdicción sobre la Rama Legislativa, sino porque el como ex servidor público no tiene una prohibición de trabajar en la Rama Legislativa.  Lo mismo que aplica cuando un ex servidor público se va a trabajar en una empresa privada, la OEG no tiene jurisdicción sobre la empresa privada sino sobre el ex servidor público, de hecho, la OEG ha adoptado la práctica que en sus auditorías no identifican a las empresas privadas por su nombre si algún ex servidor o servidor público cometiese alguna violación a la Ley de Ética.

Por otro lado, tiene la oportunidad para solicitar o proponer enmiendas a la Ley de Ética para que servidores públicos no electos que laboren en la Rama Legislativa estén sujetos a las disposiciones de la Ley de Ética.

Desde el punto de vista político, vemos como después de que el PNP crea el “monstruo”, el PPD en lugar de destruirlo crea un “submonstruo” para empatar la pelea.  No sería de extrañar que en vista de que durante estos próximos anos esa oficina es básicamente inoperante no designen un sustituto y que en el 2020 vuelvan a designar al señor Torres de vuelta al puesto de Contralor Electoral.

Recuerdo escuchar comentarios de analistas no PNPs elogiando y casi defendiendo al señor Torres porque lo conocían, obviamente, de sus tiempos en la Legislatura como ayudante, asesor o director de oficinas.  De hecho, si buscamos el record de los políticos y funcionarios del PNP en funciones en la Legislatura posiblemente el señor Torres sea el de más antigüedad.

Estas son las decisiones bipartitas que laceran la confianza del Pueblo en el sistema electoral, las prácticas de recaudación de fondos y en última instancia en la democracia misma.  Mientras los PNPs y los PPDs, líderes y seguidores continúen justificando este tipo de acción basado en que el otro lo hizo igual o peor seguiremos hundidos en el lodazal político en que nos encontramos.

Esta decisión se una a las decisiones del Senado PPD de confirmar “fast track” a la jueza presidenta del Tribunal Supremo de PR y a su compañera sentimental y a la del Senado PNP de confirmar al Secretario de Estado de manera similar.  Eso previene que el Pueblo pueda escuchar de sus propios labios su visión de cuál es la responsabilidad en esos puestos, sus planes, etc.  En este caso, la OEG despacha el asunto reclamando falta de jurisdicción por lo que no tendremos el beneficio de conocer como actuó el designado en su función como Contralor Electoral y de como demostró su imparcialidad en el desempeño de sus funciones.

Esto es resultado obvio de como la clase política desprestigiada y la clase dominante rehúye ser fiscalizada.

SOBERANISTAS Y CIUDADANIA AMERICANA

Está claro que el PPD es una máquina que solo sirve para corromper la inteligencia y dignidad de personas que evidentemente son buenas personas y que poseen una inteligencia sobre el promedio.  En este caso me refiero a los soberanistas.  Resulta contradictorio que personas que abogan por que el Pueblo de PR asuma la responsabilidad sobre los asuntos que nos afectan sean incapaces de defender la ciudadanía natural a la que aspiran (la boricua) y no acaban de desligarse de la ciudadanía política impuesta por el imperio (la americana).  Uno de los asuntos elementales de todo país soberano es su ciudadanía y todo lo que esto implica sobre sus habitantes, ya sean locales o extranjeros.

¿Que implica ser un ciudadano? Primero que nada observen el término que se usa. Ciudadano no suena a país, o a nación suena a ciudad.  El concepto de ciudadano fue utilizado por los primeros grupos sedentarios que dieron origen a las “polis” o ciudades.  Nacer en una ciudad no necesariamente te hacia ciudadano.  Esclavos, mujeres y personas de ciertas clases sociales, son ejemplo de personas que en algún momento de la historia no han sido considerados ciudadanos sin importar su lugar de nacimiento.  La ciudadanía fue un derecho que requirió luchas, reformas y revoluciones para que llegara a ser lo que es hoy, lamentablemente, todos damos por sentado ese derecho.

Un ejemplo que me resulta desconcertante de como un soberanista analiza el asunto de la nacionalidad bajo una condición de un PR soberano es Néstor Duprey.  Recientemente lo escuche conversando con Ángel Rosa en su nuevo programa de radio y mientras éste reconocía que el PPD no tenía forma de producir una definición del ELA por las posiciones antagónicas e irreconciliables sobre la relación con EEUU de varias facciones del partido Néstor argumentaba que el issue de la permanencia de la ciudadanía americana una vez fuéramos soberanos era una que no podía asegurarse ni descartarse y que podría ser parte de la negociación con los EEUU.

Sobre este último asunto lo que casi es seguro seria que en caso de otorgarnos la soberanía los puertorriqueños ciudadanos americanos continuaríamos siendo ciudadanos.  Podría acordarse así, que los nacidos posteriormente a la firma de un pacto verdadero no serían ciudadanos americanos.  Esto podría aplicarse tanto a los naturales boricuas como a los extranjeros que adquirieron su ciudadanía americana por su residencia en PR, ej.: los dominicanos y los cubanos.

¿Qué le garantiza la ciudadanía americana en PR a los que así la retengan?  La entrada irrestricta al territorio de los EEUU, continuar recibiendo los beneficios individuales que recibían por sus aportaciones al seguro social o las pensiones de los soldados o de los empleados federales, así como el uso del pasaporte para viajar si no quisieran utilizar el pasaporte boricua.

Aun así, veamos estas posibles garantías.  Los EEUU podrían ver con recelo una posible migración masiva de ciudadanos americanos de PR hacia los EEUU.  Los EEUU no podrían prohibir la entrada de estos ciudadanos de manera individual, pero nada impide que se prohíban los vuelos de aviones y los viajes en barco entre PR y EEUU.  Por ejemplo, tal vez tendrían que viajar a Colombia y de ahí a EEUU, como pasaba con Cuba que requería viajar a Centroamérica para de ahí viajar a Cuba.  Esta es la situación de muchos cubanos que han quedado varados en Sur América porque trataban de llegar a EEUU.  En esos países donde el “ay bendito” no funciona esos cubanos no viven en casas individuales ni el gobierno les reconoce todos los derechos de los nacionales.

Igualmente, se argumenta que los hijos de estos ciudadanos naturales podrían adquirir la ciudadanía americana siguiendo los procedimientos aplicables como visitar la embajada americana para inscribirlos.  Pero nada garantiza que los EEUU establezca una embajada en PR.  Por tal razón, habría que viajar a un país extranjero donde haya una embajada.  ¿Qué impide que se den instrucciones que no se permita la entrada de ningún puertorriqueño a la embajada?  ¿Vamos a brincar las verjas, o tumbarlas con un vehículo a toda velocidad?

Por otro lado, ¿qué pasaría con los hijos de extranjeros ciudadanos americanos?  ¿Les vamos a conceder la ciudadanía boricua?  ¿Se la negaríamos y los padres tendrían que ir a su país a tramitar la ciudadanía de su país de origen para sus hijos?  ¿Negociaríamos con esos países para establecer una ciudadanía reciproca para los extranjeros en PR y para los boricuas en esos países?  Esas son decisiones que impactan la economía del Gobierno, las oportunidades laborales de los boricuas, entre otros asuntos que requerirán decisiones que tienen que superar la actitud del “ay bendito”, “hermanos caribeños” y de “de un pájaro las dos alas” que hemos podido asumir gratuitamente contando por un lado con los fondos federales y por otro con la bonanza que en un momento implicaron las 936.

Con una situación económica precaria, ¿nos daríamos el lujo de reconocerle los mismos derechos a un extranjero residente que a un boricua como hacemos ahora o se establecerán tarifas especiales para recibir servicios médicos, costo por recibir educación en el sistema público, pagar como extranjeros en la UPR?

Como ven, el asunto de la ciudadanía bajo un PR soberano no es tan sencillo como imprimir un pasaporte nuevo y seguir nuestra vida como siempre.  Ese tipo de análisis sobre las implicaciones de la ciudadanía boricua son las que yo esperaría de los soberanistas y no divagaciones especulativas, filosóficas y pseudo-didacticas sobre la viabilidad de obtener la permanencia de la ciudadanía americana en función de que partido la pide en PR o si la pide una asamblea constitucional, si el partido en el gobierno en EEUU son los demócratas o los republicanos, si el Tribunal Supremo de los EEUU decide tan o cual cosa o si actualmente solo existen tales o cuales tratados vigentes entre EEUU y territorios similares a PR.

Si el PPD se conforma con administrar el presupuesto de la colonia, ese es su derecho, pero los soberanistas, ya sea dentro o fuera del PPD deberían unirse y expresar directamente y sin ambigüedades cual será el PR al que ellos aspiran y cuáles son los mecanismos a usarse para lograrlo.

Confío que se apruebe la consulta de estatus para mayo de este año y que el Departamento de Justicia de los EEUU le dé el visto bueno a las opciones presentadas en el mismo.  El día de la consulta estaré votando por la estadidad, no porque sea fanático de los EEUU y necesite votar por el Presidente de los EEUU para sentirme realizado sino porque solo con un voto contundente a favor de la estadidad se podrá acorralar al Congreso de los EEUU eliminando la tradicional excusa de que nosotros no nos ponemos de acuerdo.

Espero que el PPD no vuelva a utilizar la estrategia de la papeleta en blanco para boicotear la consulta y tratar de deslegitimizar su resultado y que finalmente los nacionalistas den el frente y se desliguen del ELA (en cualquiera de sus versiones) y defiendan la soberanía de PR, ya sea para crear una república independiente o una asociada a los EEUU o a cualquier otro país.

Con lo que no cuento es que Néstor se una a ese grupo de soberanistas.  Por un lado, su íntima relación con la Fundación Muñoz Marín no le permite asumir posiciones claras que contradigan la leyenda de Muñoz y afecten su acceso a los documentos que la Fundación le permite leer para su análisis.  Por otro lado, su disciplina como historiador aparentemente le impide asumir una posición parcializada y prefiere analizar el presente como si estuviera analizando el pasado y las consecuencias de lo que se hizo y el análisis de los distintos escenarios históricos y sus desenlaces.  Por ejemplo, ¿qué tal si el Vaticano en el siglo XV controlado por los Borgia hubiera autorizado a Cesar Borgia, luego de unir ciudades estado para crear lo que hoy se conoce como el país de Italia, a formar parte de las expediciones de Colon a América?  ¿Habría llegado vivo Colon al Nuevo Mundo?  ¿Hubiera reclamado Cesar el Nuevo Mundo para España o para Italia?  Ese tipo de divagaciones serían muy interesantes por la distancia que nos separa de estos eventos, pero en este momento histórico no estamos para divagaciones sino para acciones y decisiones claras y contundentes.

Por otro lado, cuando tengo la oportunidad de escuchar “Fuego Cruzado” escucho con la claridad con que Néstor se une a Gallisá en argumentaciones contra el PNP y sus aliados y contra la estadidad que en ocasiones hasta el propio Ignacio acepta, pero cuando son Gallisá e Ignacio los que atacan las posturas inmovilistas y coloniales del PPD es que en realidad se forma el fuego cruzado porque Néstor entra en los discursos muñocistas y a justificar escenarios hipotéticos en lugar de aceptar la realidad del PPD al que él pertenece, aunque no lo quieran mucho.

Alianzas Publlico-Privadas Participativas

He escuchado la indignación de Jay Fonseca respecto a la enmienda a la Ley de Alianzas Público-Privadas porque según él se le da el poder al Gobierno de negociar a escondidas una propuesta para que nadie se entere y entonces se le adjudique sin que haya derecho a competir.  Eso sería escandaloso si eso fuera lo que dispusiera la Ley.  Por tal razón me di a la tarea de leer la versión firmada por el Gobernador.

La siguiente definición es la que entiendo escandaliza a Jay ya que se refiere a propuestas para proyectos que el Gobierno no tenía planes (o cómo piensa Jay, lo tenía en planes pero se lo filtró a un contratista) para realizarla pero que un contratista identificó y evaluó.

Veran que estos proyectos no son proyectos “secretos” necesariamente, sino que pueden ser proyectos que hayan sido evaluados por el Gobierno pero que el Gobierno no les dio la prioridad o lo considero muy riesgoso como para ser seleccionado para entrar en un proceso de solicitud de propuestas.  Por ejemplo, muchos hablan de un puente Vieques-PR.  Seguramente ese proyecto, si se evaluara, seria de una prioridad minima por la baja posibilidad de que se realice.  Sin embargo, esto no impediría que una compañía vea en ese proyecto algo más que un mero puente y decida correrse el riesgo de construirlo y operarlo.

Las enmiendas incluyen el siguiente procedimiento para atender este tipo de propuestas “no-solicitadas” o “voluntarias”:

 Como ven, el procedimiento dispone que se podrá negociar exclusivamente, sin posibilidad de competencia, solamente si la implantación de la propuesta solo puede realizarse por ese contratista o si solo puede lograrse mediante la aplicación de conocimientos que son exclusivos de dicha compañía.  Me resulta sumamente difícil imaginar qué tipo de propuesta puede ser realizada por un solo contratista, ¿construcción de naves espaciales, construcción de plantas nucleares?  Por otro lado, la otra opción para negociar con el proponente voluntario es cuando se entiende que pueden haber alternativas para implantar esa propuesta.  En este caso, se dispone el siguiente procedimiento que incluye la publicación de la invitación mediante una página en internet y un anuncio en la prensa:

Si se recibe respuesta de un proponente interesado en ofrecer sus servicios, se dispone el siguiente procedimiento de evaluación de las mismas mediante un Comité:

Observe que el término para contestar no es el término para desarrollar una propuesta alterna, sino para someter información básica que permita evidenciar su capacidad para realizar el proyecto.  Una vez manifestado su interés, el comité le requiere a todos los proponentes que sometan sus propuestas que cumplan con los requisitos formales que dispone la ley y que se incluyen a continuación:

De la lectura del texto de las enmiendas entiendo que hay unas garantías mínimas en ley para un proceso justo, tanto para el que voluntariamente somete una propuesta como para potenciales competidores.  Jay ve el proceso como favorable para proponentes con “contactos” internos que le filtren información, pero por otro lado está el proponente de buena fe que cumple con lo que le pidan pero que corre el riesgo de que filtren su información a otros proponentes “amigos de la casa”, aunque lo prohíbe la ley.  Ambas situaciones pueden ocurrir, pero como pasa con las subastas, hay mecanismos para objetar las acciones del Gobierno si hay realmente un interés de un proponente serio.  Además, seguramente habrá “cabilderos” opuestos al Gobierno de turno para advertir a prospectos socios o clientes la posibilidad de hacer negocio con el Gobierno.  En este caso, el Comité tendría que dejar de manera clara y contundente las razones para no haber publicado la solicitud de propuestas alternas.   

No podemos confundir nuestras opiniones y temores personales (ya sean prejuiciados o basados en experiencias reales) con interpretaciones legales.  Si fuéramos a pensar que todos los funcionarios del gobierno vienen a hacer trampa no podríamos confiar en ninguna gestión del mismo y nos pasaríamos viendo demonios donde no los hay, por lo menos no de manera evidente.

¿Qué pasa si nadie responde a la petición de propuesta o no objeta una decisión de no pedirlas?  Pues se evidencia que el proponente voluntario es el único capaz de realizarla o que tiene la capacidad económica de correrse el riesgo de realizarla, asumiendo que no están las usuales clausulas salvavidas que “privatizan las ganancias” y “socializan las pérdidas” que le garantizan ganancias mínimas al proponente mientras que el Gobierno asume las pérdidas.

Colony - 3 Palabras

En ese dialogo se usan varias palabras claves que son de aplicabilidad al proceso colonizador de PR y que espero se supere y no se repita en los años por venir.  Estas palabras son:

Hosts – en español seria “anfitriones” o las personas que le permiten a otro vivir, pernoctar o de algún modo permanecer temporeramente en un lugar que no es de su propiedad.  Esa palabra es de aplicabilidad a los EEUU, quienes como primera gran mentira nos hicieron creer que nos liberaban de España y que entonces eras los dueños de nuestro territorio.  La verdad es que, como dijo Obama, PR es un territorio de EEUU y nos pueden vender a otro país si así lo desearan.

Regurgitate – en español es “regurgitar”.  ¿Qué es regurgitar?  Así es como algunos animales alimentan a sus hijos, consiste del proceso de cazar una presa, arrancar pedazos de carne del cadaver, masticar y tragar para luego llegar a su manada donde están las crías y que estas, incluso en algunos casos, provoquen que su madre o padre vomite la carne parcialmente digerida para ellos alimentarse.  Un cuadro precioso.  Ese fue el proceso educativo que este país tuvo, y todavía tiene, por el pasado siglo, donde los educadores y los padres “vomitamos” en las mentes de nuestros niños la mentira de la historia de PR y su relación con los EEUU.  Eso ya pasó y tenemos que superarlo, lo que me causa inquietud es que enseñarán ahora los maestros y profesores de historia en sus centros docentes.  ¿Incluirán el caso Sánchez Valle y PROMESA con su Junta de Control Fiscal y sus respectivas fechas?  Ese es el presente que enfrentamos.  Ahora, dentro de los próximos 100 años, ¿estaremos celebrando la aprobación de PROMESA y de cómo los EEUU fueron tan magnánimos y nos llevaron de la mano para nuestra recuperación?

Pervasive – confieso que nunca había escuchado esa palabra, y aunque sus implicaciones en la serie son perversas, lo cierto es que su significado es algo así como “omnipresente” o “penetrante”, por ejemplo cuando el olor de un perfume es tan intenso que impregna todo a su alrededor y no es posible identificar su origen.  En la serie y en la “realidad” de PR la mentira de nuestra relación con los EEUU era tan omnipresente y penetrante que no había forma de distinguir la verdadera “realidad” o de donde se originaba la mentira ya que tanto locales como invasores repetían la misma versión.

Confiemos de que ese cuadro de mentiras del siglo XX no se repitan y sean el centro del sistema educativo del siglo XXI.

"Colony" – Introduccion

“Colony”, para aquellos que todavía no la han visto, es una de las nuevas series de Netflix.  Es una serie de ciencia ficción que se ubica luego de un evento que durante los primeros episodios no está claro pero que poco a poco se hace más visible.  Como el titulo sugiere, se trata de una “colonia” de seres humanos que están cautivos en un área de California por razones desconocidas, pero es obvio que hay una fuerza superior que se impone usando, como ocurre en muchas de las colonias políticas, haciendo alianzas con miembros de la comunidad que ven oportunidades de progresar, o por lo menos de sobrevivir.

El elenco incluye actores conocidos por su participación en series como “Lost”, “House”, “The Mentalist”, “The Walking Dead” y “Prison Break” y para aquellos con unos añitos recordaran “Picket Fences”.  Hasta aparece un viejo “contrincante” de Rocky.  Es producida por el mismo productor de “Lost” y tiene ese mismo estilo de que tras la “normalidad” aparente hay algo extraño que nos sospechamos y nos mantiene atentos para poder entender lo que ocurre.

Apenas he visto unos episodios pero lo que he visto me llevó a pensar como serian esos primeros años de la invasión americana y cómo evolucionó hasta el día de hoy.  En un momento dado hay un dialogo entre dos personajes sobre la “realidad” que enfrentan que me obligó a pensar el dilema que vivirían los puertorriqueños a principios del siglo XX.  Pero más que especular sobre la historia pasada, lo que me preocupa es que PROMESA le dio “reset” al contador y me temo que los mismos dilemas que ya habían sido superados vuelven a repetirse.

No quiero abundar porque seguramente cuando vean la escena estoy seguro que se identificaran con las implicaciones que conlleva ese dialogo en las presentes circunstancias que vivimos.