EL CAMINO HACIA LA SOBERANIA

Puerto Rico enfrenta la peor crisis socioeconómica en su historia, no porque antes no haya enfrentado vicisitudes, sino porque creo que es la primera vez que luego de alcanzar un nivel de vida sobresaliente vamos cuesta abajo y observamos una degradación acelerada en todos los aspectos de la sociedad.  A esto añadimos la indiferencia de los Demócratas en el mejor de los casos y la actitud hostil de los Republicanos en el peor de los casos.  Esto contrasta con el interés y empeño de los EEUU en reestablecer relaciones con Cuba, el territorio satélite (por no decir “colonia”) que tiraron a pérdida a mediados del pasado siglo XX, antes de decidir invertir en nuestro País.

A continuación sugiero un mecanismo mediante el cual PR pueda evolucionar hasta alcanzar su plena soberanía de una manera ordenada:

• Negociar con EEUU la permanencia de la ciudadanía americana para aquellos que la posean, a menos que la rechacen voluntariamente.  Los hijos que nazcan a partir de una fecha negociada no heredaran la ciudadanía americana.
• Garantizar el pago de aquellos beneficios individuales (pensiones de veteranos, seguro social, retiro de empleados federales, etc.) a aquellos que los reciban y a sus descendientes inmediatos conforme a la reglamentación vigente.
• Garantizar el pago de una suma global equivalente a una proporción a negociar del total de las transferencias federales que corresponden a los distintos programas federales (salud, ambiente, transportación, educación, seguridad, etc.) por un periodo de 20 años.
• Establecer una Junta Internacional de Supervisión Política (JISP) creada por la ONU y la OEA (sin representantes de EEUU) que supervisen la evolución del Gobierno propio de PR y el sentir del Pueblo sobre el mismo.
• Los EEUU podrán supervisar (no controlar) el uso de los fondos transferidos a PR y podrían llevar una queja ante la JISP para que hagan las investigaciones pertinentes si detectan un uso inadecuado de los mismos.
• Localmente se prohibirá que políticos que hayan ocupado puestos electivos (así como a sus parientes hasta el 2do grado de consanguineidad y el 3er grado de afinidad) ocupen puestos electivos, sean designados miembros del Gabinete Constitucional o reciban pago alguno del Gobierno de Puerto Rico por servicio alguno por servicios de asesoría o por ocupar puesto alguno de confianza.  Para garantizar cierta continuidad política podría aceptarse que durante los primeros 10 años se permita la postulación de una cantidad de políticos con experiencia previa que no exceda del 10% total de miembros de la Legislatura únicamente.
• Durante esta transición se prohibirá que parientes hasta el 2do grado de consanguineidad y el 3er grado de afinidad de los miembros electos de la Legislatura o del Ejecutivo sean designados a puestos de confianza o nombrados como Secretarios del Gabinete Constitucional, o a cualquier puesto de dirección de corporaciones públicas u oficinas con nombramientos a término (procuradores, Contralor, Ombudsman, etc.) ni tampoco serán designados a ningún puesto de jueces.
• Después de los primeros 10 años, el Pueblo de PR mediante referéndum podrá solicitar la disolución del JISP si entiende que está satisfecho con el desempeño de la nueva clase política en el poder.  La JISP puede aceptar la petición del Pueblo de PR y en un periodo que no exceda de 1 año preparará un informe con sus observaciones y recomendaciones al Gobierno de PR con lo que quedará disuelta, o puede decidir extender su permanencia por un periodo de hasta 5 años adicionales durante los cuales velará porque sus recomendaciones sean implantadas o modificadas en el caso de que no puedan implantarse en su totalidad.
• Luego de 20 años, la JISP cesara automáticamente y durante un año adicional se dedicara a preparar un informe sobre la situación general de PR.  Solamente si el Pueblo de PR, mediante referéndum, solicitara una extensión por 5 años adicionales, el JISP permanecería vigente.
• Luego de 20 años, la transferencia de fondos de los EEUU se irá reduciendo paulatinamente durante un periodo de 10 años adicionales, ej.: 75% durante 4 años, 50% los siguientes 3 años y 33% los últimos 3 años.

Luego de un periodo de 20-30 años PR tendrá la responsabilidad total de su destino, administrara su presupuesto como le plazca, elegirá los funcionarios sin restricciones y asumirá las consecuencias de sus acciones.