Aparentemente, es muy probable
que dentro de poco tendremos en Puerto Rico acceso a la nueva modalidad de
sistema de transportación Uber. Básicamente,
Uber es una plataforma o aplicación que permite a un usuario necesitado de transportación
recibir el servicio de “taxi” de una persona avalada por la organización de
Uber de manera rápida y sencilla mediante el uso de su aplicación para
teléfonos inteligentes.
Esto, obviamente, choca con el
sistema oficial de taxis regulado por la Comisión de Servicio Público y la
Compañía de Turismo. Esta situación se
ha dado prácticamente en todos los lugares en que ha penetrado Uber, con o sin
el visto bueno del Gobierno. Ya en PR
los taxistas están criticado el servicio y amenazan con protestar si el
Gobierno le da el visto bueno. De hecho,
es posible que haya una de poderes dentro del mismo Gobierno ya que es el
Departamento de Transportación y Obras Publicas el que está revisando su
reglamentación para dar paso a la entrada de Uber en lugar de la CSP o la CT
que son los que regulan el servicio de taxis.
¿Qué tal si en vez de entrar en
disputas estériles no se entra en un dialogo interagencial, con los
representantes de los taxis y Uber? Qué
tal si en vez de implantar este nuevo servicio de forma antagónica no se llega
a un acuerdo donde el Gobierno de PR integre la plataforma de Uber al sistema
de servicio de transportación (taxis, taxis turísticos, excursiones, party bus,
etc.). Mediante un acuerdo cooperativo
se integrarían los transportistas registrados en la CSP y la CT a Uber junto
con nuevos transportistas que provean los mismos servicios sujetos a un mínimo
de requisitos acordados entre todas las partes envueltas.
La CSP y la CT se encargarían de
certificar a Uber los transportistas que cumplan con el sistema de calificación
flexibilizado, liberaría a Uber de esta función en PR, renunciaría a entablar
pleitos legales contra ésta, lo que reduciría el costo de su implantación en
PR, y a cambio Uber accedería a traspasar el Gobierno de PR una fracción de sus
ingresos, por ejemplo, del 20% que Uber retiene del pago al transportista,
dividirlo a partes iguales con el Gobierno (10% Uber/10% PR), o una proporción
aceptable para ambas partes.
Podrían establecerse limitaciones
de áreas donde Uber no podría ofrecer servicio, pero si los transportistas no
están identificados sería muy difícil de diferenciar el pon de un amigo del
transporte ofrecido por Uber. Una opción
para beneficiar a los actuales taxistas certificados por la CSP y la CT seria
que Uber los identifique de manera especial y/o les de preferencia al momento
de ofrecer sus servicios.
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