Hemos leído en la prensa el
reclamo de una serie de empleados de la compañía Génesis que le reclaman al
Departamento de Educación (DE) $7.3M por servicios de seguridad y un total de
$36M al Gobierno en general. El DE acepta que tal deuda existe y que
corresponde a unos 4 meses. En vista que
el paso limitante para cobrar el pago por sus servicios es el Departamento de
Hacienda (DH) debo presumir que el resto de las agencias les debe un periodo
similar de facturación.
¿Cuál es la solución para la
compañía? Enviarles un memo a sus empleados informándoles que se suspende el
pago de nómina. ¿Porque no le enviaron
al Gobierno a partir de que se cumplieran 30 días de la deuda del primes mes una comunicación informando que SE SUSPENDE LA PRESTACION DE
SERVICIOS? Me imagino que los
ejecutivos de Génesis habrán cobrado, de una forma y otra, la parte que les
corresponde y hasta se habrán dado un buen bono de Navidad. Sus empleados, que obviamente no tienen
representación sindical ni legal, no conocen de procesos burocráticos en el DH
ni de la contabilidad interna de la compañía pues recurren a la estrategia más
fácil, exigirle al Gobierno (el Gobierno que nadie quiere). ¿Por qué no
están los ejecutivos de Génesis en la línea de piquetes frente al DE exigiendo
el pago que les corresponde? Porque a
ellos no les afecta la crisis y no quieren causarle molestias a sus amigos
políticos. ¿No se supone que se recurre
a la contratación para que el Gobierno se libere de las preocupaciones de
asuntos que no tienen que ver con su deber ministerial y ahorrarse el pago de
beneficios marginales como el bono de Navidad, plan médicos, etc.?
La otorgación de contratos a
compañías privadas para usar fondos públicos los ubica fuera de la jurisdicción
de la Oficina del Contralor, de la Oficina de Ética Gubernamental y de
cualquier agencia fiscalizadora (excepto de los federales como ya hemos visto) siempre
y cuando operen de manera “legal” porque la administración interna de los
fondos públicos no está en cuestionamiento, sobre todo cuando prestan servicios
de “gratis”. La relación obrero-patronal
interna de cada compañía está fuera de la jurisdicción fiscalizadora de la
agencia que emite el contrato. Solo el
Departamento del Trabajo (DT) podría tener jurisdicción. ¿Pero qué expresión ha hecho el DT cuando
ocurre este tipo de situación donde los obreros le reclaman al Gobierno el pago
que se supone les haga el contratista?
Yo no he escuchado ninguna.
Para resolver este asunto y
establecer un mecanismo para evitar el endeudamiento innecesario del Gobierno
recomiendo se legisle lo siguiente:
- · Clasificar los servicios a contratarse como
opcionales o indispensables.
- · Aquellos contratos de servicios opcionales recurrentes
(que se ofrecen de manera continua como los de vigilancia) contendrán una cláusula
que establecerá que si luego de transcurrir 30 días de la facturación no se ha
recibido el pago el contratista no podrá prestar sus servicios a partir del
tercer mes (el 1ro se facturo, el segundo se esperó el pago).
- · El contratista no reanudara sus servicios hasta
que se hayan pagados los servicios adeudados, hasta un máximo de 2.
- · Todo servicio opcional prestado a partir del 3er
mes se considera un donativo y no será reclamable.
- · Al final del contrato, el contratista podrá reclamar
el pago de servicios prestados en calidad de donativo y el pago del mismo estará
sujeto a la recomendación unánime de un comité compuesto por representantes del
DH, la Oficina de Presupuesto y Gerencia, el Senado y la Cámara de Representantes. Este pago será por la cantidad facturada y no
estará sujeto a penalidades o acumulación de intereses.
Veamos el caso específico de los
servicios que ofrece Génesis al Gobierno.
Alegadamente sus servicios son de “seguridad”. Visto desde ese punto de vista nos parece muy
justificada su contratación. Pero
consideremos si el servicio realmente prestado corresponde a un servicio de
“seguridad”. Los que en algún momento
dado tenemos que visitar una agencia del Gobierno nos encontramos con estas
personas, uniformadas como policías sentadas en un mostrador (“counter” por si
no están acostumbrados al termino en español).
Típicamente de manera muy educada te preguntan qué gestión vienes a
hacer, te piden que llenes tu información en el Registro de Visitantes, te
indican como llegar a la oficina que buscas y te dan una pegatina
identificándote como visitándote. Un
servicio muy correcto y útil para muchos que no tienen idea de a qué oficina
recurrir para resolver sus problemas.
¿Cuál es el problema con esto? Que en realidad el trabajo que realizan es el
de un@ recepcionista. ¿No sería más
barato para el Gobierno si en lugar de contratar estos servicios de “seguridad”
tuvieran puestos de recepcionista o simplemente contrataran el servicio de “recepcionismo”? Pero claro, cuando oímos seguridad nos
impresionamos, pensamos en oficiales armados que nos van a garantizar nuestra
seguridad mientras hacemos las gestiones en un edificio gubernamental. Sin embargo, la mayoría de estas personas no
llevan armas de fuego y no tienen apoyo de otro personal que de rondas por los
distintos pisos del edificio donde trabajan.
Así que usando un ejemplo de actualidad: asumamos una secretaria de una
agencia del Gobierno que convive con su pareja que es una persona celosa y
dominante. Por alguna razón tienen una discusión
antes de ella salir a trabajar, el hombre de manera irracional siente que su
mujer está siendo indiferente hacia él y obviamente presume que ella tiene una relación
en el trabajo. El hombre llega a la
oficina de su mujer, se registra con el “guardia” o a lo mejor ni se registra
porque él va a menudo por ahí a “almorzar” y a “buscar” a su mujer y ya es
parte de la “familia”. El hombre llega
donde está su mujer la agrede, posiblemente hasta la mate, tal vez agreda a algún
compañero si en su mente enferma piensa que él es el que tiene la relación con
su mujer. ¿De que sirvió la “seguridad”
contratada?
Claro, tal vez piensen, ese es un
ejemplo exagerado. Y tal vez tienen razón. Pónganse a pensar cuantos incidentes de
violencia han presenciado o se han enterado por la prensa que hayan sido
prevenidos, atendidos o resueltos por este servicio de “vigilancia”. Antes de que se pusiera este invento de
servicios de seguridad para entrar a una agencia, ¿alguno recuerda alguna
crisis de seguridad que haya dado base a esta urgente necesidad de contar con
este personal?
Veamos el caso específico del
DE. Hasta donde tengo conocimiento el
servicio de seguridad se da durante el periodo lectivo y se había suspendido la
vigilancia nocturna. Pregunto: ¿qué diferencia
hace un guardia desarmado (o peor aún, armado) prestando vigilancia en una
escuela con cientos de estudiantes, decenas de vehículos de maestros, empleados
y hasta estudiantes, varios edificios de varios pisos, etc.? Hemos visto que en las áreas de riesgo por
tiroteos son los propios padres los primeros en enterarse de las amenazas y
deciden no enviar a los niños a la escuela, o si ya los enviaron de irlos a
buscar. Si ocurriera un tiroteo en una
escuela ¿que podría hacer el guardia si no está armado, y si está armado va a
entrar en un fuego cruzado arriesgando la vida de los estudiantes? La vigilancia nocturna estaría más
justificada, pero aun así, ya hemos visto múltiples noticias de hurtos de
equipos costosísimos de escuelas que por coincidencia los habían acabado de
recibir. ¿No había vigilancia en esas
escuelas? Si la había, ¿no se les
informo a los guardias de que había equipos nuevos que podrían atraer a los
ladrones? Si se le dijo, ¿cómo no se
percatan de como rompen puertas, ventanas, queman los materiales en los salones? A estas compañías de seguridad, ¿se les exige
algún tipo de póliza de responsabilidad que cubra el costo de los materiales y
equipos hurtados bajo su vigilancia?
A esto le añadimos que en
aquellas agencias que poseen talleres, equipos, materiales y maquinarias costosísimos
(ej.: AMA, Puertos, etc.) el hurto o mal uso de éstos se atribuye en muchos
casos a los propios empleados de la agencia que no son supervisados
adecuadamente o a supervisores que inclusive promueven o encubren esta
actividad.
En resumen, es necesario
establecer una política pública clara y estricta sobre la contratación, se
contrata lo indispensable y si se tienen los fondos. No se puede seguir usando la contratación como
mecanismo de mantener el estilo de vida de empresarios que dependen del
Gobierno (al que tanto critican) para cobrar sus sueldos y beneficios
marginales mientras a sus propios empleados les niegan el pago de su nómina. Si no hay con que pagar, pues se suspende el
servicio o se cancela el contrato.
La situación fiscal del Gobierno
no exige menos de sus funcionarios.
