Glorimar y Lorencito

Hace más de 20 años, en el caso de Glorimar Pérez el investigador recogió objetos en el área del crimen aunque posiblemente en ese momento no tuvieron ninguna utilidad.  Presumo que no encontraron huellas digitales de nadie.  Sin embargo, esos objetos ahora son el eje de una controversia porque por un lado la defensa alega que la ausencia de DNA de los convictos en dichos objetos los exime o por lo menos justifica un nuevo juicio.  Por otro lado el ministerio público alega que dichos objetos no aportan nada al caso porque el lugar de donde fueron recogidos era un área donde personas acudían a tener relaciones sexuales y/o a consumir drogas.

En el caso del niño Lorenzo los investigadores entraban y salían de la escena sin saber quién custodiaba la misma una vez ellos la dejaban.  Recogieron objetos del alegado asesino y no hicieron pruebas de DNA, que si estaban disponibles.  De hecho, ni siquiera recogieron dichos objetos de inmediato sino que los recogieron al día siguiente de verlos.

En el primer caso, el Departamento de Justicia (DJ) fue el que decidió que se hicieran las pruebas de DNA, escogió los objetos.  Ahora, de manera prepotente el fiscal dice que ese resultado no vale, que el veredicto se presume correcto y que se va a oponer a cualquier petición de excarcelación o nuevo juicio.  Sería interesante que se informara el costo de esas pruebas cuando se vaya a la vista de petición de nuevo juicio y que el fiscal le explique al juez como es que luego de que el DJ solito, sin intervención de la defensa y usando miles de dólares de fondos públicos decide hacer unos análisis para luego decir que no los va a tomar en cuenta.

En el segundo caso, ya hasta aburre: ni huellas, ni DNA, ni testigos, ni video que implique al acusado.  Pero el DJ insiste de manera obstinada en procesar a su sospechoso favorito y obviar la detección de DNA de otras personas, que en este caso si tienen cara y nombre.

Ciertamente, estos 2 casos han dejado muy mal parado al sistema de justicia de Puerto Rico y deja ver sin lugar a dudas  el estado de indefensión en que queda el ciudadano común y corriente que no tiene acceso a los famosos criminalistas y exsecretarios y exfiscales.