viernes, 22 de junio de 2018

PUEBLO, GOBIERNO, ELA



Empiezo por referirles unas definiciones “en arroz y habichuelas” de algunos términos que se usan libremente a veces sin pensar su significado o confundiendo los mismos.  Para tener una discusión inteligente y productiva hay que tener claro los conceptos que inciden sobre una situación o problema.

  • Puertorriqueños (Pueblo de Puerto Rico): comunidad mestiza producto de la mezcla de los colonizadores españoles con indígenas nativos y esclavos africanos que habita el territorio de la menor de las que se conoce como las Antillas Mayores.
  • Puerto Rico: territorio habitado por los puertorriqueños conocido inicialmente como Boriken por los nativos, bautizada como San Juan Bautista por los españoles quienes posteriormente la rebautizan como Puerto Rico y posteriormente bautizada como Porto Rico por los EE. UU. y que finalmente termina conociéndose como Puerto Rico.
  • Gobierno de Puerto Rico: conjunto de instituciones políticas, administrativas, ejecutivas y judiciales que administran y regulan la actividad humana dentro de los límites físicos y territoriales de Puerto Rico en virtud de la delegación de autoridad conferida al Pueblo de Puerto Rico por los EE. UU. a través de lo que se conoce como la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
  • Estado Libre Asociado de Puerto Rico: nombre otorgado a la relación política alcanzada mediante la delegación conferida al Pueblo de Puerto Rico la cual establece el derecho a escoger sus representantes y gobernantes locales.


¿Cuál es la situación que tenemos ante nosotros en este momento?  El estatus de Puerto Rico y el agravante de la imposición de la Junta de Control Fiscal.  ¿Quién se supone que este atendiendo/combatiendo esta situación?  Por un lado, el Gobierno de PR y por el otro los puertorriqueños mediante organizaciones de diversa naturaleza, ya sea de manera coordinada o independiente.  En este momento, a quien podemos reclamar es al Gobierno electo que se supone represente al Pueblo de PR.

El Gobierno esta liderado por un partido anticolonialista que defiende la estadidad como formula descolonizadora.  Sin embargo, su fanatismo ideológico y el temor de perder respaldo entre sus correligionarios estadistas ha llevado a algunos de los lideres del Gobierno a actuar de una manera inconsistente con sus postulados y reclamos descolonizadores.  Estos líderes, en lugar de reclamar la naturaleza antidemocrática y dictatorial de esta Junta se sientan a negociar con ella y, aunque pretenden disfrazar de acuerdos negociados, básicamente han aceptado imposiciones de la Junta (derogación de la Ley 80) y han defendido, le ha dado el visto bueno y/o tomado decisiones administrativas escandalosas y sin precedentes (reclutamiento de ejecutivos con sueldos exorbitantes). Lo que muchos sospechan son básicamente nombramientos exigidos por la Junta.

O sea, que en vez de defender la dignidad del Pueblo de Puerto Rico y la legitimidad del Gobierno de Puerto Rico, por miedo a parecer que defienden al Estado Libre Asociado de Puerto Rico utilizan el discurso de que como somos una colonia y que la Junta es un organismo establecido por el gobierno de los EE. UU. hay que entregarse a los caprichos de la Junta.  Claro, hay que cuestionarse porque se cuestionan algunos caprichos (como el nombramiento del Ing. Zamot como sindico de la AEE) mientras se aceptan otros (derogación de la Ley 80).  ¿Cuál es el criterio de interés público, de dignidad política, etc. que se utiliza en ambos casos?  Tal vez la pregunta correcta seria ¿de verdad existe algún interés publico o son meramente interés privados de las personas que tienen la responsabilidad de tomar sus decisiones?

Inclusive, aun los que sorpresivamente han decidido confrontar las decisiones de la Junta, utilizando un lenguaje digno de hombres de estado y defensores de la dignidad de su Pueblo, se han quedado en eso: en palabras.  Se limitan a judicializar un asunto eminentemente político.  Están dispuestos a acudir a los tribunales para dirimir la controversia de si manda la Junta o manda el Gobierno de PR.  Pero me sospecho que, como hombre de estado, si perdiera su caso en la corte y se impusiera la Junta el discurso será que como vivimos en un estado de ley y orden se agotaron los remedios administrativos y judiciales prescritos por las leyes y aunque no comparte la decisión la respeta y implantara la misma a la brevedad posible.  Como estrategia dilatoria, posiblemente acudir a los tribunales sea una buena estrategia, pero es momento de ir mas allá de las palabras y actuar individualmente o colectivamente para denunciar la naturaleza colonial dictatorial de la Junta.

¿Estarán dispuestos los lideres del Gobierno de PR en unión a lideres cívicos, empresariales, políticos, religiosos a unir sus esfuerzos y tomar acciones concretas y como dijeron algunos lideres (precisamente los que han accedido a las peticiones de la Junta) “hacer lo que sea” y llegar hasta las ultimas consecuencias para defender la dignidad del Pueblo de Puerto Rico y del Gobierno de Puerto Rico?  Estos conceptos deben unirnos a todos, a menos que seas xenófobo, racista, anarquista o simplemente un imbécil.

Ya el consenso es que la mayoría repudiamos la relación colonial conocida como Estado Libre Asociado de Puerto Rico tal como esta y que permitió la imposición de la Junta.  Como debe evolucionar esta relación es algo que en cualquier caso debe culminar en una relación donde tengamos la soberanía para decidir por nosotros mismos o en la que tengamos voz y voto para influenciar las decisiones que se tomen a nivel federal y afecten nuestros intereses.

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