COLEGIOS VS PARTIDOS

Durante los pasados días hemos escuchado al Rep. José Aponte Hernández defender su proyecto de ley para eliminar la compulsoriedad de la membresía a una serie de colegios profesionales.  Justifica su medida en un alegado respeto a nuestra constitución que establece el derecho a asociación y a la libre expresión.  Entiende el representante que obligar a una persona a ser miembro de una organización coarta sus derechos constitucionales porque por un lado el derecho a la asociación implica a su vez el derecho a la no asociación y por otro lado en ocasiones dichas organizaciones asumen posiciones sobre controversias sobre las cuales no se consulta a la matricula.

Hasta ahí, podemos compartir el razonamiento del representante.  Sin embargo, cuando se le pregunta por el impacto de debilitar los colegios sobre el Estado ya que muchas de las funciones que le corresponde realizar a través de las juntas examinadoras son realizadas por los colegios este responde que hay que fortalecer las juntas para que puedan asumir la carga de trabajo que requerirá reasumir nuevamente estas funciones.  Pero ¿qué implica reforzar las juntas?  Una de dos, o reclutar mas personal o llegar a acuerdos con firmas que se dedican a administrar este tipo de asunto como ya lo hacen en algunas juntas para el proceso de revalidas, solicitudes o renovaciones de licencias, etc.  Obviamente, esto implica un impacto fiscal adicional.  Alega el representante que esa delegación en los colegios se ha hecho fuera del marco de ley.  Pregunto yo: ¿no sería más fácil legislar para que tal delegación ilegal se legalice si actualmente se hace de manera eficiente?  El concepto de los colegios, asociaciones, gremios y organizaciones similares es un concepto que desde hace siglos ha existido para garantizar que el ejercicio de ciertas profesiones se dentro de unas normas que garanticen un buen servicio al publico en general.  Mas allá de llevar un registro de los profesionales a los que se les emite una licencia, el estado no debe intervenir con la practica profesional (salvo contadas excepciones) y debe dejar que cualquier queja o controversia entre un profesional y un cliente se dilucide mediante los procesos e instituciones judiciales como se resuelve cualquier otra controversia.

Pero dejando este asunto procesal aparte, que debe resolverse con un simple análisis costo-beneficio realizado por cada colegio para defender su viabilidad al demostrar que resulta en un ahorro neto al Estado hay un asunto relacionado que implica esos mismos principios constitucionales que debería ser atendido con igual o mayor prioridad.

¿A que me refiero?  Al monopolio que la partidocracia tiene sobre el proceso democrático de Puerto Rico.  Si, el proceso mas elemental de la democracia, el proceso electoral.  Mientras el representante se autoimpone la noble empresa de liberar a los profesionales del “yugo” de los colegios, al día de hoy no se ha escuchado un reclamo similar de ningún profesional.  El único caso en controversia siempre ha sido el de los abogados que por la naturaleza de sus servicios y principios se ven involucrados en controversias con el Estado por asuntos que, aunque se debaten en términos del derecho terminan siendo visualizados como controversias de política pública.  Sin embargo, el caso de los abogados es uno especial porque es el propio Estado a través del Tribunal Supremo el fiscalizador de la conducta de los abogados.

Resulta interesante que el representante obvia un principio del estado de derecho en el cual vivimos y es que como dicen los abogados (y mucha gente no entiende): “el derecho es rogado”.  Este principio implica que cada individuo debe reclamar sus derechos porque su aplicabilidad no es automática, de hecho, una ley anticonstitucional puede estar vigente y hasta que alguien lleve un caso cuestionando su validez la misma sigue en efecto.

Aunque la Constitución de PR reconoce la validez de los partidos políticos, en ninguno de sus artículos dispone nada sobre todo el enjambre de requisitos ni sobre la laberíntica burocracia que se le impone a la inscripción de un partido nuevo o para poder aspirar independientemente.  En ningún artículo establece cuales son los requisitos para registrar un partido o candidatura ni establece ni limita los derechos o beneficios aplicable a un candidato independiente versus los derechos o beneficios de los partidos registrados.  Tampoco dispone nada sobre afiliaciones exclusivas ni del derecho de un partido a discriminar o exigir fidelidades a un ciudadano que con sus contribuciones aporta al fondo electoral que mantiene funcionando a los partidos.

En vista de esto, le recomendaría al representante Aponte que, cónsono con su fidelidad constitucional, ampliara su jornada filosófica en pro de la libertad de los profesionales y legisle aumentar el alcance de su visión a todos los ciudadanos mediante las siguientes acciones:

• Se eliminen los requisitos de un mínimo de peticiones para inscribir un partido.  Para garantizar que sea un partido bona fide se le requerirá que recaude cierta cantidad de dinero para entonces asignarle un pareo proporcional para su funcionamiento.  El uso de los fondos se fiscalizar con la misma eficacia que se fiscaliza a los otros partidos.

• Se reconozca el derecho de un candidato independiente a la gobernación o alcaldía a motu proprio incluir como parte de su ofrecimiento electoral aquellos candidatos de los demás partidos, e inclusive otros candidatos independientes, con la anuencia de estos.  Esto permitiría que un candidato pueda ser rescatado por un candidato independiente para ocupar otra posición.  Por ejemplo, un candidato a representante del partido X podría ser incluido en la papeleta de un candidato independiente como candidato a alcalde su pueblo.  Eso le permitiría a un alcalde correr simultáneamente para 2 puestos, y permitiría alianzas entre partidos y candidatos de manera que por ejemplo el alcalde de Carolina se postule para representante y a la misma vez hacer una alianza con un candidato independiente para postularse como alcalde y asegurarse que si no es electo a la legislatura pueda seguir como alcalde de Carolina, como debería esperarse.  De esa manera se elimina el concepto de todo o nada, que luego redunda en contratos de asesoría para asesorar al que lo sustituyo en el puesto que ocupaba.

• Se reconozca el derecho de cada ciudadano a participar de las primarias de todos los partidos que reciban fondos públicos, incentivos, exenciones o cualquier otro beneficio que tenga impacto fiscal sobre las finanzas del Estado.  Obviamente, para evitar conflictos, se debe legislar para evitar que las primarias de los partidos se realicen el mismo día de manera que se garantice que el sistema de mancha en la mano pueda usarse todos los eventos sin que haya sospecha de que se esta emitiendo un doble voto en la primaria de un mismo partido.  De esa manera, los ciudadanos pueden elegir en todos los partidos aquellos candidatos que son afines a sus creencias religiosas, filosofías sociales, preferencias de estatus o simplemente aquellos que simplemente se entienden han realizado o pueden realizar una buena labor.

EL CLUB DE TOBBY

Aquellos que peinamos canas recordamos con cariño aquella serie de dibujos animados, muñequitos como le decíamos a todo lo que no era programa con personas, de esta niñita testaruda y sus encontronazos con el niño llamado Toby.  Toby era el típico chico líder de su pandilla y que había organizado un club al cual solo podían pertenecer chicos: el famoso “Club de Tobby”.

Este mote ha sido utilizado por el Lcdo. Marco A. Rigau para describir en diversos momentos las actitudes testarudas del Partido Popular, incluyendo el rechazo sistemático y endémico hacia Carmen Yulin Cruz.

El PPD enfrenta en este momento un momento critico en el cual, lejos de superarse se empeña mas que nunca en implantar las normas de membresía del Club de Tobby.  Su presidente es acusado, y el lo admite, de haber realizado trabajos para una firma de cabildeo que ataco a la propia administración PPD de Alejandro García y que ha cabildeado en contra de los intereses de PR en el Congreso.  Cuando se plantea el asunto a la Junta de Gobierno que pasa: NADA, no se discute el tema, ni se aprueba ni se condena.  Resultado: renuncia el Rep. Manuel Natal Albelo, el funcionario electo con mayor cantidad de votos y de los pocos candidatos populares que tienen algún arraigo en la juventud.  Tambien, la alcaldesa de SJ, Carmen Yulin Cruz, renuncio a sus posiciones en el partido y el exgobernador Anibal Acevedo Vila anuncio su desafiliación de la Junta de Gobierno ya que entendia que no vale la pena asistir a reuniones donde nunca se decide nada.

Meses después de dicho evento el PPD enfrenta la posible renuncia de su actual presidente por alegados problemas de salud que se entendía habían sido superados, pero aparentemente han resurgido.  El miércoles 10 se reunió el presidente Héctor Ferrer con el secretario del partido Carlos Delgado Altieri y este ultimo informa al día siguiente que Ferrer le había pedido 24-48 horas para el anunciar su decisión sobre su futuro político.  Pedido que en realidad es improcedente ya que como el mismo y Delgado Altieri alegan, el proceso de candidaturas que cerrarían en los próximos días esta abierto para todo el que desee aspirar a un puesto en el PPD y su decisión no altera en nada esa situación. Pues las 24 horas se convirtieron en 48, esas 48 se convirtieron en 72 y al día de hoy domingo 14 de octubre se convertirán en 96 horas, dejando a los que en solidaridad a su persona no han anunciado su candidatura menos de 24 horas antes del cierre de las candidaturas el próximo lunes 15 a las 4:00 PM para manifestar sus intenciones.

Se rumora, y lo ha confirmado personalmente el Sen. Aníbal José Torres, que está dispuesto a asumir la presidencia como candidato de consenso.  Sin embargo, a la misma vez emite declaraciones como que los que quieren que se suspenda la elección “responden a interés personales” en contra de los procedimientos establecidos, léase el Reglamento del PPD, como si estuviese hablando de los 10 mandamientos en las tablas de piedra.  Precisamente ese es el problema que varios lideres del PPD han planteado, como se elige la Junta de Gobierno y otros puestos de liderato sin consultar al pueblo popular, que a su vez son los que aprueban los reglamentos y toman las decisiones que tanto se critican.

Hoy domingo, se celebra una reunión en el PPD y Carmen Yulin Cruz asistirá a insistir en su petición de suspender los procedimientos ante la alegada gravedad de Héctor Ferrer.  Resulta insultante que un partido “popular”, o sea, del pueblo, se encuentre secuestrado por la condición de uno de sus lideres y que el resto del liderato, ya sea como funcionarios o como amigos de Héctor Ferrer, no hubieran actuado ya para despejar la incertidumbre que reina en el PPD.

No sé, pero me temo que hoy se confirmara doblemente el carácter Club-de-Tobby-esco del PPD rechazando testarudamente el pedido de apertura y rechazando las propuestas de Carmen Yulin.

Orgullo Patriotico

Aprovechando la fecha en que conmemoramos el paso del huracán Maria y la devastación que nos dejo y cónsono con la interpretación mañanera que nos regaló Alberto Carrión hice una recopilación de los temas que en mi opinión recogen la máxima expresión del orgullo patriótico que se siente de ser puertorriqueño.

Alberto Carrion – Amanecer Borincano

Roy Brown – Boricua en la Luna

Alberto Carrión - Los Colores de Mi Tierra

Andy Montañez – Quien no Se Siente Patriota

Marc Anthony – Preciosa

Richie Ray & Bobby Cruz – Mi Bandera

EL DESMADRE DE CIENCIAS FORENSES

A partir del azote del Huracán María el issue de cuantas muertes ocurrieron directa o indirectamente por sus efectos ha sido objeto de discusión y controversia.  Por lo menos 3 estudios o estimados se han realizado arrojando cifras que van desde unas 2,000 hasta casi 10,000 y que se resumen con las cifras de 2,975 del estudio de la Universidad George Washington y los 4,645 de la Universidad de Harvard.  El otro issue relacionado lo es el procesamiento de los cadáveres que pudieron llegar al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para ser procesados.  La cifra oficial de 64 muertes surge de las muertes que pudieron procesar en el ICF y a la cual el Gobierno se aferro hasta esta semana que salió a la luz el estudio de la UGW.

Veamos el historial del ICF durante la presente administración:

EL 23 de enero de 2017 el Gobernador designa al Dr. Edwin Crespo Torres como director ejecutivo del todavía ICF.  Recuerden esta fecha 23 DE ENERO DE 2017, ENERO DE 2017, 2017.

En ese momento no hubo mayores objeciones a esta designación, aunque tampoco hubo gran revuelo por el mismo.  La única nota positiva sobre el mismo lo encontré en un “post” compartido por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en su página de Facebook el cual cito a continuación:

January 23, 2017 · 

UN NOMBRAMIENTO DE PRIMERA el que acaba de anunciar el gobernador Rosselló al designar al distinguido arqueólogo y antropólogo forense Dr. Edwin Crespo Torres como director del Instituto de Ciencias Forenses. Comparto mi alegría con mis amigos y compañeros arqueólogos, antropólogos e historiadores, así como con sus numerosos estudiantes de la UPR-Rio Piedras y del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe donde Edwin se ha desempeñado como profesor desde sus inicios, de nuestro programa graduado en Arqueología de Puerto Rico y el Caribe. Ha dictado los cursos de Osteología humana, Bioarqueología, Enfermedades de las poblaciones indígenas, Prácticas mortuorias y otros. El Dr. Crespo es un reconocido estudioso y experto en estos temas y goza de un gran renombre entre los arqueólogos y antropólogos de la región del Caribe. Felicidades a Edwin y le deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevas responsabilidades como profesional y servidor público

De este “post” se desprende que al momento de su designación el doctor Crespo Torres ofrecía sus servicios profesionales como profesor a dos (2) universidades, a parte de su trabajo en el ICF.  Aparte de que durante unos 27 anos ha estado relacionado al ICF, aparentemente en capacidad de consultor según se recoge en un reportaje del periódico Primera Hora:

Allá llegó la Policía y el entonces Instituto de Ciencias Forenses (ICF) -ahora Negociado de Ciencias Forenses- y, como suele pasar con muchas de las osamentas encontradas en la Isla, el Dr. Edwin Crespo Torres, el único antropólogo forense de Puerto Rico y el Caribe, fue llamado como consultor a examinar los restos.

De un vistazo, Crespo Torres, con 27 años en la agencia encargada de las ciencias forenses del País, supo que no era un asesinato más a sumar en nuestras estadísticas del crimen. La clave fue una deformación en la cabeza. La frente estaba achatada, lo que era indicativo de que se trataba de un indígena de la época pretaína, anterior a la época de la conquista española, que podría tener unos 1,300 años.

Sin embargo, esta consultoría aparentemente se realiza “ad honorem” ya que no existe contrato alguno radicado en la Oficina del Contralor que relacione al doctor Crespo con el ICF.

El Dr. Crespo Torres era Catedrático Asociado en el Departamento de Sociología y Antropología en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.  Su perfil académico se resume a continuación:

• Ph.D. (Antropología) Universidad Nacional Autónoma de México (2000)
• M.A. (Biología Esqueletal y Dental) Arizona State University (1994)
• Licenciatura (Antropología Física) Escuela Nacional de Antropología e Historia (México) (1989)
• B.A. (Antropología) Universidad de Puerto Rico-Rio Piedras (1983)

Al momento de su designación estaba vigente la “Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico”

Ley Núm. 13 de 24 de Julio de 1985, la cual establecía lo siguiente:

Artículo 7. — Personal y organización.

El personal del Instituto consistirá de un director, quien será un Científico Forense cualificado…

Artículo 2. — Definiciones.

(d) Científico forense — Significa toda persona que haya completado estudios académicos post graduados, especializados en el análisis científico de la prueba a ser utilizada en la investigación criminal por el Sistema de Justicia Criminal, según lo establece la “American Academy of Forensic Sciences” (AAFS).

Debe poseer, además, al menos tres años de experiencia práctica en el análisis pericial de dicha prueba en una institución forense, cuyas prácticas operacionales sean de acorde a las establecidas por las agencias acreditadoras.

Por su trasfondo académico y experiencia como consultor del propio ICF el doctor Crespo Torres aparenta estar calificado para dirigir el ICF.  Mientras este ejercía el puesto de manera interina esperando por su confirmación se aprobó la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017, la cual dispone lo siguiente:

Artículo 4.02. — Negociado de Ciencias Forenses de Puerto Rico; Autoridad.

La autoridad suprema en cuanto a la dirección del Negociado de Ciencias Forenses será ejercida por el Gobernador de Puerto Rico, pero la administración y supervisión inmediata estará delegada en el Secretario del Departamento de Seguridad Pública del Gobierno de Puerto Rico.

Se crea el cargo de Comisionado de Ciencias Forenses quien estará a cargo de las operaciones diarias del Negociado de Ciencias Forenses. El Comisionado del Negociado de Ciencias Forenses será nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. La posición de Comisionado del Negociado será clasificada bajo el servicio de confianza y la persona nombrada ocupará el cargo a discreción del Gobernador.

Artículo 4.03. — Definiciones (c) “Científico forense” — Significa toda persona que haya obtenido un grado académico superior especializado en el análisis científico de evidencia utilizable en la investigación criminal y en la administración de la justicia que sea versado en el estudio y la aplicación de cualquiera de las disciplinas comprendidas bajo las ciencias forenses.

Artículo 4.05. — Dirección y organización.  El Comisionado del Negociado de Ciencias Forenses será nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico y deberá ser un científico forense cualificado con no menos de cinco (5) años de experiencia.

Se desprende del texto de la nueva ley que el doctor Crespo Torres cumple con los nuevos requisitos para dirigir el nuevo Negociado de Ciencias Forenses (NCF) y claramente le asigna la responsabilidad máxima sobre el nombramiento o permanencia de comisionado del NCF al gobernador.

¿Recuerdan que les pedí que recordaran la fecha de la designación del doctor Crespo Torres?  23 DE ENERO DE 2017.  Pues bien, resulta que pasaron los días, las semanas, los meses y hasta mas de un ano desde su designación y llego junio de 2018, si JUNIO DE 2018, 2018.  Ahora olvídense de la fecha de 2017 y recuerden esta fecha JUNIO de 2018.  El doctor Crespo Torres estuvo año y medio como director interino del ICF/NCF, hasta que por fin se celebraron sus vistas de confirmación.

Luego de ocupar el puesto por tanto tiempo y con la preparación del doctor Crespo Torres uno esperaría una confirmación expedita y un proceso proforma.  Sin embargo, a raíz de una serie de reportaje sobre el manejo de cadáveres en el NCF expreso preocupación sobre la capacidad del doctor Crespo Torres.

Preocupación Thomas Rivera Schatz 6/junio/2018

Sin embargo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reveló al final de la vista pública que el nombramiento de Crespo Torres no bajará a votación el próximo lunes en la sesión ordinaria, ya que debe entregar unos documentos sobre la investigación que realiza el NCF por un vídeo que muestra empleados de la agencia moviendo los cuerpos sin vida a un camión de forma abrupta y en ocasiones siendo arrastrados. Esta pesquisa, dicho por el comisionado designado, espera completarse esta misma semana.

“Para mí eso es importante y vamos a aguardar por esa información y queremos que se haga pública para que se despeje toda duda y si hubo algo incorrecto como aparenta bajo las imágenes que observé. Por lo que usted me dice, tengo la impresión de que coincide conmigo. Quiero saber también si se aplicaron responsabilidades. Voy a estar esperando por esa investigación”, concluyó Rivera Schatz.

Posteriormente, la Unión que representa a los empleados del NCF denuncio la incapacidad del doctor Crespo Torres para dirigir dicha entidad:

Objeciones Unión/NCF – 29/junio/2018

Hace unas semanas, la unión de trabajadores de Ciencias Forenses denunció sobre una posible crisis de seguridad para el País debido a una supuesta “mala e incompetente” administración de Crespo.

Entre los reclamos presentado el pasado 14 de junio se encontraban exceso de trabajo, falta de personal, problemas de seguridad, hostigamiento laboral e infracción al convenio colectivo.

“El hostigamiento laboral y el patrón de intimidación que han recibido desde la llegada del Dr. Edwin Crespo como Comisionado Interino y de la Sra. Mónica Menéndez, como Sub Comisionada es algo inaudito y totalmente injusto. Hemos recibido comunicaciones con amenazas de aplicar medidas disciplinarias, están utilizando las cámaras de seguridad de la agencia para perseguir a los empleados, quieren evitar que los empleados puedan expresarse con los medios noticiosos”, comentó en aquel entonces la líder sindical Anette González.

A partir de junio hemos estado viendo en los noticieros el escandalo de las irregularidades que han ocurrido en el NCF y se celebro la primera vista pública de una investigación que la Legislatura realiza sobre este asunto.  En dicha vista nos enteramos de que el Comisionado, el doctor Crespo Torres, estaba fuera de la agencia por motivos de una enfermedad que le impedía realizar sus funciones desde abril de 2018.  Si leíste bien ABRIL DE 2018, ABRIL DE 2018.  O sea, el mismo que acudió a sus vistas de confirmación en JUNIO DE 2018 y se comprometió a realizar una investigación sobre las irregularidades detectadas sobre el manejo de cadáveres estaba fuera de la agencia desde ABRIL DE 2018, o sea. 3 meses antes de ser confirmado, y aparentemente todo el tiempo desde que fue confirmado hasta que finalmente renuncio.

Cuando se produce su renuncia el Gobernador reacciona de la siguiente manera, según reportado por varios periódicos:

En la misiva con fecha de hoy y con efectividad inmediata, Crespo Torres expuso que su condición de salud lo ha mantenido fuera de la dirección del Negociado por varios meses.

Por su parte, Rosselló Nevares señaló que “Crespo Torres ha sido un funcionario de primer orden y le deseamos pronta recuperación”.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares aceptó hoy, martes, la renuncia de Edwin Crespo como comisionado del Negociado de Ciencias Forenses.

Su salida es efectiva inmediatamente, lo que Crespo atribuyó a su condición de salud y cómo esta lo ha mantenido fuera de la dirección de la agencia desde abril. El antropólogo forense fue nominado por el gobernador al cargo en enero de 2017, pero no fue confirmado por el Senado hasta junio de este año.

“Le deseo mucha fortaleza a la familia del doctor. Está pasando por unos momentos muy difíciles de salud y conociéndolo a él, ante estos momentos donde hay tanto aconteciendo en el ICF, a él le gustaría estar ahí de primera mano. Simplemente, físicamente no puede estar. No puede estar, está muy dificultado de salud y mis oraciones con él y con su familia”, expresó el primer ejecutivo, Ricardo Rosselló Nevares.

“Por supuesto nosotros tenemos un trabajo de identificar un sucesor o sucesora y estoy trabajando eso de la mano buscando candidatos y candidatas junto al Secretario Pesquera que puedan llevar a cabo esa encomienda. Hasta ese momento, la Subcomisionada tiene el trabajo de interinato”, indicó el Primer Ejecutivo en referencia a Mónica Menéndez Larrauri.

Como verán reconoce la incapacidad del doctor Crespo Torres para realizar sus funciones, lo que o le oculto al Gobernador o simplemente el Gobernador se hace el sorprendido y se jugo la carta de “yo no sabía” para ocultar su ineptitud o su complicidad del pago de un sueldo a un empleado de confianza que simplemente se dedico a agotar su licencia de enfermedad cobrando el sueldo de Comisionado en lugar de renunciar y regresar a su puesto de carrera en la UPR y entonces tomar los días que necesitara para atender su enfermedad.  Observen que el Gobernador también se da por enterado o informa que designo a la sub-comisionada como comisionada interina.  Bueno ya saben que estuvo ano y medio de interino sin confirmar y que acudió a su vista de confirmación cuando ya llevaba 3 meses fuera de la agencia por su enfermedad.  Ahora recuerden este asunto de la ENFERMEDAD.

Luego de la renuncia del doctor Crespo Torres, y luego de haber sido criticada y cuestionada en la vista realizada en la Legislatura sobre las operaciones del NCF de la cual se excuso por sentirse indispuesta y a la cual no regreso luego de varias posposiciones alegando que su condición de salud se lo impedía finalmente la sub-comisionada, y designada o autodesignada comisionada interina renuncia.

A pesar del escandalo y de todas las irregularidades en el NCF el gobernador reacciona de la siguiente manera:

“Agradezco la dedicación y el trabajo realizado por Menéndez Larrauri durante todos los años de servicio y su desempeño mientras estuvo liderando el Negociado en momentos cruciales. Le extendemos nuestra solidaridad en los momentos difíciles que confronta y le deseamos el mayor de los éxitos en sus planes futuros”, expresó el gobernador.

En vista de que el doctor Crespo Torres nunca participo de las vistas publicas y de que la subcomisionada solo acudió a la primera vista y no pudo explicar una serie de interrogantes no fue hasta que esta semana nos enteramos del desastre administrativo que prevalece en el NCF.  Finalmente, la directora de recursos humanos del NCF, la Sra. Brenda Fortis Casillas, acude a las vistas publicas y ofrece su testimonio sobre varias irregularidades y cuestionamientos que surgieron en la primera vista y que habían quedado sin aclarar: (1) designación oficial de la sub-comisionada, (2) elegibilidad de la sub-comisionada para dirigir el NCF, y (3) acusación y amenaza de destitución de un empleado del NCF que coopero con la investigación legislativa, entre otros.

En resumen, la señora Fortis declaro lo siguiente sobre estos asuntos:

1.       Alega que desconoce si la comunicación de la designación de la sub-comisionada como comisionada interina ha llegado a su oficina ni ha recibido los certificados médicos que certifiquen la condición del doctor Crespo Torres y justificarían su ausencia por licencia por enfermedad.

2.       Confirma que la sub-comisionada no cumplía con los requisitos de ley para dirigir el NCF.

3.       Confirma que la investigación sobre el empleado le fue notificada y alega que ella no tuvo nada que ver, que no evaluó documento alguno y que dicho empleado nunca ha sido objeto de amonestación alguna.

A continuación, cito lo reportado por varios periódicos sobre estos asuntos:

Otra sorpresa fue que el empleado Edgardo Vera que está colaborando con la comisión legislativa recibió una suspensión con intención de destitución.

No obstante, la directora de Recursos Humanos, Brenda Fortis Casillas, admitió que la agencia no siguió los reglamentos vigentes.

“Ninguna”, fue su contestación a preguntas de legisladores que le cuestionaron la cantidad de amonestaciones que tiene el empleado en su expediente antes de que fuera suspendido, mostró Noticentro.

La jefa del personal humano tuvo que revelar que los empleados en Ciencias Forenses no son evaluados por su desempeño y la falta de un registro de asistencia.

Morales llevó a Fortis a reconocer que recibió de alguien en la administración del NCF la carta de notificación de suspensión sumaria con intención de despido de Vera. También admitió que no se molestó en verificar, como directora de Recursos Humanos, el expediente donde se hace constar cómo se hizo la investigación que culminó con la recomendación.

A preguntas, primero insistió en que la recomendación de destitución procedía -a pesar de no haber estudiado el caso-, pero luego guardó silencio cuando Morales, más tarde en el interrogatorio, le hizo la pregunta por segunda vez. Fortis indicó que típicamente las investigaciones contra empleados por fallas disciplinarias se inician cuando el director del NCF las instruye al supervisor inmediato.

Sobre el cobro de sueldo de Edwin Crespo, dijo que, antes de proceder con un referido, tiene que investigar contra qué exactamente estaba cobrando el funcionario mientras permanecía fuera del cargo por enfermedad. Morales se refería a licencias de vacaciones o de enfermedad.

Hasta la fecha, Recursos Humanos no ha recibido los certificados médicos del doctor Crespo Torres, las cartas que concretizan las designaciones de Menéndez Larrauri, ni los pagos realizados a los exfuncionarios tras su salida.

De igual forma, testificó Brenda Fortis Casillas, gerente de Recursos Humanos, quien confirmó que la funcionaria Mónica Menéndez no cumplía con los requisitos básicos para ocupar el puesto de comisionada interina y expresó desconocer si a su división ha llegado las diferentes designaciones que realizó el ahora excomisionado del Negociado, el doctor Edwin Crespo, quien desde mediados de abril presenta problemas de salud. 

Para colmo, en la vista se descubre que la señora Fortis tampoco cumple con los requisitos para ocupar el puesto de directora de recursos humanos, el que ha ocupado por mas de 1 ano, según lo reporta uno de los periódicos.  Por otro lado, el actual comisionado interino, el doctor Chávez tampoco acudió a la vista.  Esperemos que si siguen investigando no resulte ser que el doctor Chávez tampoco cumple con los requisitos para ocupar un puesto de patólogo forense y que llego al ICF porque estudio con, era amigo de, fue profesor de, o se caso con alguien relacionado al ICF y lo acomodaron usando influencias políticas. 

En la vista trascendió que Fortis no cuenta con los requisitos para ser directora de Recursos Humanos, cargo de confianza que ocupa desde junio de 2017.

Después de este escenario, ¿alguien puede creer que Ricky no sabía o que Pesquera no sabía?  ¿Qué credibilidad puede tener el trabajo del NCF cuando tengan que testificar a un tribunal a defender una acusación cuando el abogado de la defensa salga a relucir todas estas irregularidades operacionales y administrativas?  ¿Cómo pueden afectarse los casos que recientemente se hayan atendido en corte donde haya participado personal del NCF?

Como podrán ver esta situación va más allá de meramente contar muertos, sino que afecta el sistema de justicia en general.

TRANSPARENCIA – BONO

Veamos que nos dicen los informes financieros del Primer Ejecutivo.  Para el 2016 refleja un balance activos-pasivos positivo de unos $460,000.  Vemos que su principal riqueza consiste en su(s) residencia(s) y sus inversiones.  Sorprende que solo cuente con poco mas de $7,000 en cuentas de banco.  Su única deuda consiste en la hipoteca de su(s) residencias.

Sobre este punto, ¿recuerdan la promesa de no residir en La Fortaleza y de permanecer residiendo en su vivienda privada?  Pues veamos que refleja el informe de 2017.

Como verán, la(s) residencia(s) desaparecieron de su informe financiero y con ellas posiblemente también desapareció la posibilidad de que se cumpla su promesa.  Sus ahorros se redujeron a la mitad, pero sus inversiones aumentaron en casi $150,000.  Aunque financieramente ambos informes cuadran razonablemente, sorprende que en el informe de su primer año como gobernador no incluye algo tan básico como su salario o algún otro ingreso.

¿Ya se dio cuenta de esto la Directora de la Oficina de Ética Gubernamental?

CORRECCION 1/SEP/2019

En la columna de ingresos en la linea de Otras transacciones debe leer $415,000 y en la linea de Ingresos/salarios debe leer $70,000.

Si sus inversiones aumentaron en casi $150,000 y le sumamos esos ingresos de Otras transacciones resulta que en 2017 tuvo un ingreso de $565,000 que no se justifican en el informe.  Su unica fuente de un ingreso hubiera sido la venta de su residencia q valoraba en $400,000.  Entonces resultaria que en una mercado en baja donde las propiedades estan perdiendo hasta el 50% de su valor el logro vender su casa con una ganancia de de un casi 40%?  Eso no le esta raro a OEG?

TRANSPARENCIA 3/3

Veamos el caso del otro asesor del Gobernador que todavía permanece en su puesto: el Lcdo. Ramon Rosario.  Cuando abandona el servicio publico en el 2012 el informe refleja unas finanzas saludables, una cantidad de ahorros razonable y un balance de activos y pasivos positivo de casi $120,000.  Hay un informe del ano 2013 con iguales cifras el cual presumo debió ser un error, aunque en el informe de este ano no incluye el mes de diciembre. Si de alguna manera el ocupo un puesto en el cuatrienio del 2013-2016 y renuncio en noviembre de 2013 las cifras no deberían ser exactamente iguales.

 Examinemos el informe del 2016 y veamos que tal le fue en la empresa privada.  Para ese ano reporta un ingreso de sobre $800,000, un aumento en sus ahorros de casi $90,000 comparado con el 2013, y una mejoría significativa en el balance de activos y pasivos de casi $700,000.  Comparemos esas cifras con su primer año de este cuatrienio:  su ingreso se redujo en casi 2/3 reduciéndose a unos $250,000, sus ahorros se reducen en casi $20,000, el resto de los renglones no varían significativamente excepto por el de inversiones cuyo valor se reduce en $75,000.  Dejando a un lado cualquier especulación de las intenciones de porque se entra al servicio público cuando se tiene una practica profesional lucrativa y de cualquier malestar por el carácter del licenciado Rosario, lo cierto es que su contratación es una ganga.

Por último, veamos cómo se ven las finanzas del que fue el precursor de los secretarios-contratistas con sueldos a nivel global: Héctor Pesquera.  En el 2011, su balance activos-pasivos era un positivo $1,400,000, sin embargo, cuando sale del gobierno en el 2013 su balance se reduce a un positivo $530,000, o sea, una reducción de casi $1,000,000 en su riqueza.  Esta reducción se refleja básicamente en la partida de dinero en cuentas en bancos y dinero en efectivo que se reduce de $919,000 a $115,000 en poco mas de un ano.  ¿Qué paso en ese periodo con ese dinero?  ¿Se lo regalo o cedió a alguien?  Si lo hubiera prestado, invertido o gastado en bienes se reflejaría en el informe.  ¿La Oficina de Ética tiene la contestación a esta pregunta?  De hecho, ¿habrá hecho la pregunta?

Pero esto no queda ahí, porque como somos tan afortunados tenemos de vuelta a Pesquera.  Veamos como evolucionaron sus finanzas muestras estuvo fuera del gobierno y una vez regreso. En el 2016, su balance activos-pasivos era un positivo $1,700,000, que se reflejan principalmente en más de $1,000,000 en inversiones que no existían en el 2013 cuando abandono el gobierno.  ¿Coincidencia que en el 2013 desaparece $1,000,000 de sus finanzas y en el 2016 aparece $1,000,000 en inversiones?  En el 2017 su balance se mejora a un positivo $2,280,000, o sea, un aumento de más de $500,000 en su riqueza, a pesar de que su aumento en sus ingresos solo fue de menos de $50,000 entre el 2016 y el 2017.  ¿El milagro de los panes y los peces?  ¿La Oficina de Ética tiene la contestación a esta pregunta?  De hecho, ¿habrá hecho la pregunta?

Después de examinar estas cifras reportadas por abogados y profesionales de “nivel global” como dice el Gobernador podemos llegar a las siguientes conclusiones:

• Los funcionarios llenan los informes a la carrera y repitiendo básicamente la mayor parte de la información año tras año.
• La Oficina de Ética Gubernamental recibe y publica los informes y no parece que hagan gestiones para que corrijan o expliquen errores o inconsistencias, inclusive cuando recibe información dudosa de funcionarios recientemente señalados por violaciones de ley.
• El argumento de que los funcionarios que nombran al gobierno ganarían mas en la practica privada es mentira o, por lo menos, no se refleja en sus informes financieros.
• El Senado no utiliza para nada la informacion financiera que le pide a los nominados porque incongruencias y estados financieros negativos como algunos de los que les presente debian presentar alguna inquietud como minimo para los senadores.

¿Alguien dijo transparencia?

TRANSPARENCIA 2/3

Siguiente caso: Lic. William Villafañe.  De su informe de 2016 observamos que sus ingresos fueron aceptables, aunque nada del otro mundo, considerando su profesión y que lleva años cerca de la cupula del PNP, lo que implicaría buenos contactos para contratos.  Lo que sorprende es que tenían propiedad con un valor de $565,000 y con deudas de hipoteca mas otras deudas que suman casi $500,000 sus ahorros solo ascienden a poco mas de $20,000.  Aun así, el balance de activos y pasivos es un positivo de unos $130,000.

Pero cuando lo comparamos con el informe del ano 2017 observamos que a pesar de que su ingreso se duplico hasta alcanzar casi $200,000 el balance activos y pasivos aumento solo en $50,000.  O sea, de unos $130,000 neto que seria su ingreso unos $80,000 o unos $6,600 mensuales se destinaron a gastos que no están relacionados a bienes que pudieran generar riqueza sino a mero consumo o donaciones o regalos.  Si bien cada cual vive la vida como le place y gasta su dinero en lo que quiera lo cierto es que estas cifras dejan al descubierto la opulencia en la que viven algunos funcionarios a los que cuando llegan al gobierno les asignan salarios escandalosos con la excusa de que en la empresa privada (léase su propia oficina compuesta de el y el mismo) pudiera estar ganando mucho más, lo que no se refleja en estos informes.

Veamos ahora los informes de la mano derecha de William, la subsecretaria de la Gobernación: Lcda. Itza García.  De sus informes no se desprende que la licenciada llevara una practica legal muy lucrativa reportando apenas unos $17,000 en ahorros que en el 2017 aumentaron a $53,000.  Igualmente, sus deudas y propiedades no son nada extraordinarias y son típicas de la clase media.  Lo mas significativo de este caso es que en el ano 2016 reporta cero ($0) ingreso (presumo dedico todo el ano de forma “gratuita” al P3R y al chat Coffee Brake de WhatsApp), en el 2017 reporta un ingreso de casi $160,000 y en el 2018 en los 4 meses previos a su renuncia reporta un ingreso de casi $210,000.

Si en 2017 su ingreso fue $160,000 su ingreso de 4 meses debió ser de unos $53,000 mas tal vez alguna liquidación de licencias acumuladas.  ¿Error, no se han dado cuenta en la OEG?  ¿Correcto, de donde salen mas de $150,000 en exceso? ¿Herencia, Powerball, Lotto?  Vea el informe de 2018 de William Villafañe donde reporta como ingreso durante los primeros 4 meses unos $65,000, o sea, correctamente la tercera parte de su ingreso anual.  Nuevamente, otro ejemplo de funcionarios que en la empresa privada no generan ingresos ni remotamente parecidos a los salarios que les asignan en el gobierno, pero si de verdad no le pagaron ni un centavo en el 2016 por ser la directora de plataforma del Ricky ciertamente tenia una gran deuda con ella y tal vez por eso le resultaba tan difícil confrontarla respecto a su participación en el chat.

Continuemos con otro de los asesores cercanos al Gobernador: Lcdo. Alfonso Orona.  De su informe de 2016 se desprende un ingreso de $71,000 (nada del otro mundo), unos ahorros de poco mas de $2,000 y un balance de activos y pasivos de negativo de casi $100,000.  En el informe de 2017 reporta un ingreso de unos $81,000, un aumento en sus ahorros a $3,700 y una mejoría en su balance de activos y pasivos que se reduce a un negativo $80,000.  En su caso, tampoco se refleja una practica profesional lucrativa, aunque en su caso ciertamente el salario asignado como Asesor Legal del Gobernador no es mucho mas del ingreso reportado antes de entrar al servicio público.