PC1018

La legislatura acaba de aprobar  el PC #1018 para proteger la libertad religiosa de funcionarios y empleados del gobierno que se vean en la posición de tener que ofrecer servicios que van contra sus principios religiosos.  La mayor propulsora de este proyecto, la licenciada Charbonier, alega que este proyecto no discrimina contra nadie.  Sin embargo, dentro de la locura de este proyecto, el mismo da trato preferencial a la protección de las creencias religiosas, uno de los varios criterios que nuestra Constitución protege en la primera sección de su Carta de Derechos.

¿Por qué podría un funcionario de gobierno discriminar por su creencia religiosa y otro funcionario de origen humilde no podría discriminar contra un desarrollador que se dedica a aprovecharse de las comunidades menos aventajadas para adquirir terrenos a bajo precio?  ¿Por qué un funcionario independentista no podría discriminar contra un peticionario estadista?

Si es posible una discriminación son posibles todas.  Todos los criterios están incluidos en una misma oración y tienen la misma categoría, no hay nada que permita interpretar que el criterio religioso es uno especial o de mayor categoría o preponderancia que requiera un trato especial.  En ese caso, el PC #1018 si discrimina y le da trato preferencial a dicho criterio y a los que lo utilicen para justificar sus acciones discriminatorias.

¿No se supone que un abogado juro fidelidad a la Constitución?  ¿Puede ampararse un abogado en su inmunidad legislativa y parlamentaria para abogar por principios contrarios a la Constitución?  ¿No puede el Colegio de Abogados actuar contra legisladores que actúen en contra de los principios que juraron defender?  Una cosa es que se proponga enmendar la Constitución y se establezca que el Gobierno de PR será uno de carácter cristiano y que el Pueblo así lo avale y otra cosa es tratar de dar una interpretación ridícula a la Constitución mediante una legislación caprichosa. 

LOS 7 DEL DRD

Acaban de acusar 7 personas por un esquema para obtener de manera fraudulenta acceso a fondos federales.  El más conocido de ellos, el pasado Secretario de Recreación y Deportes Ramón Orta.  Los demás, los sospechosos usuales, las sanguijuelas que se les pegan a todos los partidos políticos.  Ninguno de apellido Bernier ni Cruz.  Ciertamente lo único admirable de este grupo es la sangre fría que deben tener para estar robando mientras se ventilaba el caso de Anaudi en el foro federal.

¿Alguien ha escuchado algún cargo de crimen electoral en el manejo de fondos públicos o en la recaudación de fondos privados para la campaña del PPD o de David Bernier?  Yo no.  Lo que se describió es la típica conspiración público-privada que comúnmente se planifica en los partidos políticos para saquear los fondos del erario público.  Nos escandalizamos cuando los cogen, pero en el fondo sabemos que esto es la punta del iceberg.

Escucho a los analistas alegando que Bernier debió saber, que no puede desligarse, inclusive a líderes del propio PPD alegando que fulano y sutana le habían advertido.  ¿Qué es lo que debía saber Bernier?  Él no era supervisor de Orta y no tenía ninguna relación con los demás acusados como Secretario de Estado.  Si no tiene conocimiento de lo que otro Secretario hace no hay manera de ligarse o desligarse de esos actos.  ¿Qué es lo que le advirtieron a Bernier durante la campaña?  ¿Sabían los líderes del PPD (Héctor Ferrer, Charlie Delgado) del esquema de fraude?  ¿Tenían dudas sobre Sosa porque se alega es estadista?  Eso es razonable, pero eso no implica corrupción, de hecho no hay una acusación de delito electoral.  ¿Acaso es que mientras manejaba la campaña de Bernier hacia aportaciones al PNP, o simplemente se apropiaba de parte de los recaudos en vez de depositarlos en la cuenta del partido?

Por un lado tenemos al actual liderato del PPD tratando de sacar provecho para insinuar con comentarios vagos la asociación de Bernier con elementos de dudosa reputación  o por lo menos una negligencia de Bernier en el manejo de su campaña.  Inclusive, para seguir esparciendo asociaciones negativas fueron rápidos en dar a la luz que uno de los acusados tiene/tenia contratos con el Municipio de San Juan.  Tanto Bernier como la Alcaldesa de San Juan son potenciales retadores de Héctor Ferrer para la candidatura a la gobernación en el 2020.  Asumiendo que para entonces todavía exista el PPD.

Lo que es raro es que a pesar del precedente del caso de Anaudi bajo la administración de Alejandro García Padilla el nombre que menos se escucha es el de este.  Parecería que el hecho de que bajo una misma administración se detectaran y procesaran acusaciones contra los implicados en 2 esquemas distintos resulta inconcebible.  Pero sí, es la misma administración de García Padilla, y de la misma manera que podría haber Anaudi 2, no me extrañaría que hubiera un Orta 2.

Departamento de Recreación y Deportes, Departamento de Educación, Administración de Vivienda Pública, WIPR, cuatro agencias involucradas en este esquema ¿y solamente Orta es acusado?  ¿El técnico de DE que manejaba estas propuestas nunca noto algo raro en que el DRD utilizara un correo electrónico de Gmail en lugar de un correo electrónico oficial del Gobierno?  Es costumbre que cuando una agencia tiene que realizar una gestión en otra agencia los secretarios se comuniquen para agilizar los trámites, ¿el Secretario del DE nunca se enteró de los proyectos del DRD?  ¿Estos proyectos nunca se discutieron en las reuniones de staff de Fortaleza?  ¿El Secretario de la Gobernación (Ingrid Vila y sus posteriores sucesores) nunca se enteraron de estos proyectos?  ¿Tal vez por esto fue que Ingrid comentó que no le extrañaban las acusaciones en el caso de Anaudi?

Lo que demuestran estas acusaciones es que la corrupción desfachatada y sin escrúpulos ya no es patrimonio exclusivo del PNP.  En las pasadas elecciones más de 250,000 electores abandonaron los partidos tradicionales.  En el pasado plebiscito se vio la decepción con el actual partido de gobierno y como más de 150,000 electores no apoyaron la propuesta de su líder, al que apoyaron en las elecciones hace poco más de 6 meses.  Al ritmo que van los casos de Anaudi y Orta en el foro federal y ahora el caso Perelló en el foro estatal no me extrañaría que el PPD pierda una cantidad similar de electores.  A esto añádanle los electores PNPs que se perderán dependiendo de la cuota de corrupción de esta administración que ya va por los $3.6M y 22 empleados.  A esto súmenle el caso O’Neill con todas sus ramificaciones incluyendo la posible vinculación del padre de Thomas Rivera Schatz.

En resumen, que para las próximas elecciones podrían haber cerca de 500,000 electores buscando nuevas opciones.  En las pasadas elecciones Alexandra Lugaro y Manuel Cidre fueron responsables de que el PPD no estuviera todavía en el poder con ese esquema de corrupción por 4 años adicionales.  En las próximas elecciones espero que esos electores no se conformen con derrotar al PNP o al PPD y se atreva a escoger una nueva opción.

Boicots

Durante estos primeros 5 meses de este año, y así seguirá hasta el 11 de junio, la palabra boicot ha sido pronunciada y escrita más que otra palabra.  Se inició con la aprobación de la ley habilitadora del “Plebiscito para la Descolonización Inmediato de Puerto Rico”.  Eso provoco que el liderato del PPD propusiera un boicot a la consulta.

En respuesta a esta propuesta, el ala soberanista del PPD en alianza con el PIP y otras organizaciones y líderes independentistas formaron lo que se llamó el “Junte Soberanista” para boicotear el boicot del PPD.  El PNP veía como su primer movimiento debilito a su oposición que amenazaba con una posible división si en el plebiscito la opción de la independencia/soberanía obtenía suficientes votos.  Esto prácticamente garantizaba su victoria en las próximas elecciones.

Para sorpresa de muchos, el Departamento de Justicia Federal (DJF), en respuesta a la consulta de la validez de las definiciones incluidas en la consulta estableció que el ELA tendría que incluirse entre las opciones y que inclusive debía eliminarse de la definición de la estadidad que era la única opción que ofrecía la ciudadanía americana.  Esto provoco en el Gobernador un amague de boicot que duró varias horas cuando manifestó que era “inaceptable” la inclusión del ELA en la papeleta.  Este fue el boicot más corto del mundo ya que en cuestión de horas ya había un proyecto de enmienda para incluir el ELA y modificar las definiciones conforme “sugerido” por el DFJ.  Esto parecía debilitar al PNP que en parte le fallaba a su electorado al acceder a incluir la colonia entre las opciones y le ofrecía al PPD una opción para participar y fortalecer su posición como un partido que rechaza la separación de los EEUU.

Nuevamente, para sorpresa de muchos, el PPD decide reafirmar su posición de boicotear y convoca una asamblea para ratificar su posición.  Esta vez se basa en que no se incluyeron las 3 letras E-L-A y porque no los dejaron redactar la definición.  En esta asamblea se apreció la actitud de boicot a los soberanistas que fueron participes del “junte” que a su vez resulto en un boicot de los soberanistas al caucus del PPD en la Cámara de Representantes uniéndose en solidaridad a Luis Raúl Torres quien ya se había separado del caucus.

Por otro lado, los miembros del “junte” anunciaron su boicot a la consulta debido a la inclusión del ELA en la consulta mediante la opción de “el territorio”.  De hecho, aunque se enmendó la papeleta no se enmendó el título de la ley a pesar de que la opción territorial deja abierta de que la descolonización ya no sería tan “inmediata”.

A este intercambio de boicots se añadió la campaña que un grupo de personas usando las redes sociales inicio para boicotear a aquellas empresas que patrocinen el Desfile Puertorriqueño de NY debido a que entre el grupo de personas homenajeadas y reconocidas se encuentra Oscar López Rivera, quien recientemente adquirió su total libertad luego de ser conmutada su condena por el Presidente Obama.  Poco a poco firmas como McDonald’s, Coca Cola y AT&T, así como funcionarios políticos de la ciudad y organizaciones de versa índole han desistido de participar o patrocinar el Desfile.

Coincidentalmente, tanto el plebiscito como el Desfile ocurrirán el próximo 11 de junio.  Hasta entonces es posible sigan apareciendo nuevas versiones de boicot a ambos eventos.

Irónicamente, ambos boicots pudieran implicar beneficios para el Pueblo.  Si el boicot a McDonald’s y Coca Cola implicara sustituir la comida basura por una mejor alimentación podríamos combatir la gordura y la diabetes infantil y reducir el gasto en servicios médicos, uno de los servicios que el Gobierno podría verse obligado a reducir.  Por otro lado el boicot a AT&T podría representar más tiempo para que las familias compartan en la “realidad real” en vez de en la “realidad virtual”, de esa manera podrían llevar una vida menos sedentaria y los padres podrían supervisar mejor a sus hijos.

Por otro lado, el boicot al Desfile (al menos desde el punto de vista gubernamental) nos ahorrara miles de dólares que anualmente se despilfarraban para cubrir los gastos de las delegaciones que participaban del desfile, las galas, homenajes, etc.  Ya veremos el año que viene si el tal boicot era una cuestión de principios o meramente una expresión de odio contra Oscar López y ataque político contra Carmen Yulín, a la que el PNP vislumbra como la contendiente de mayor fortaleza para enfrentarlo en el 2020.

No nos extrañe que el año que viene veamos de nuevo las delegaciones con la excusa de que como Carmen Yulín lo hizo, no pueden criticarlos a ellos ahora.  Como si los asuntos de principios personales dependiera de los principios de los demás.

Es importante destacar que el boicot más importante no es de origen local.  La imposición del DJF de que se incluyera el ELA (o el territorio) como opción en la papeleta ha sido la más burda gestión de los EEUU de impedir que los puertorriqueños puedan expresar claramente su posición sobre la opción descolonizadora que prefieren.  Irónicamente, el Gobernador que exige la descolonización “inmediata” de PR y aprobó la ley para implantar la versión boricua del Plan Tenesí cuando el imperio lo saboteo, se molestó, pero inmediatamente y de forma sumisa actuó como colonizado.  Si esa es la firmeza con la que va a actuar la delegación congresional del “estado de PR” nos va a ir muy mal.

Creo que los fondos públicos que se van a desperdiciar en la implantación del “plan tenesí” inclusive estarían mejor invertidos en la delegación al Desfile los próximos años, y eso es mucho decir.

Avanzando hacia el Pasado

La crisis que enfrenta PR nos esta llevando en un viaje en picada hacia las condiciones economicas, politicas y sociales que habiamos superados hace decadas.  Disminucion en poblacion, migraciones masivas, disminucion en estudiantes, escuelas y maestros a nivel elemental, intermedio, superior y hasta universitario.  Por otro lado, la desligitimacion de la relacion politica con los EEUU, la imposicion de una Junta  que controla el presupuesto del Pais y ahora una jueza que dispondra de como se pagan las deudas y su efecto sobre los servicios que el Gobierno pueda ofrecer al Pueblo.

En particular, este ultimo aspecto me lleva a pensar como el gobierno actual manejaria su relacion con la Junta si nos retrotaemos a la epoca en que Luis Muñoz Marin le vendia sueños a los puertorriqueños a base de la deinformacion y la falta de educacion de los puertorriqueños de aquella epoca.  Para visulaizar ese escenario debemos entender lo que PROMESA dispone sobre como se diseñara el proximo presupuesto y las directrices que la propia Junta ha establecido al respecto.

La Ley PROMESA establece el siguiente procedimiento para la evaluación del presupuesto:

La manera en que se ha interpretado este procedimiento es que comienza con el Gobernador negociando con la Junta hasta que se ponen de acuerdo o llega una fecha que establece la Junta, una vez alcanzado el acuerdo o vencido el termino para llegar al acuerdo la Legislatura produce un presupuesto. En el procedimiento no esta claro si la Junta le refiere el presupuesto acordado a la Legislatura o si la Legislatura puede producir uno independentemente y referirlo a la Junta para compararlo con el ya acordado.  Este punto se aclara en parte posteriormente en la carta que la Junta le envía al Gobernador y a la Legislatura estableciendo las fechas del itinerario del proceso de elaboración del presupuesto.

Digo “en parte” porque al comenzar el proceso con el Gobernador y luego de haberle concedido 2 semanas adicionales para que someta un presupuesto “mejorado en su presentación” se compromete el resto del itinerario.  De hecho, las 2 semanas que se le concedieron al Gobernador coinciden con el termino de tiempo que tenia la Junta para evaluar el presupuesto revisado si en lugar de devolverlos para “mejorarlo” se lo hubiera devuelto con los señalamientos de violaciones.  Si hubiese procedido conforme el itinerario original al final de esas 2 semanas la Junta le devolvería al Gobernador el presupuesto si continua detectando violaciones y tendría solo 1 dia para corregir el presupuesto y radicarlo a la Junta.  Según el itinerario original 8 dias después se referiría el presupuesto a la Legislatura, o sea, que me sospecho, que de la misma manera en que luego de rechazar el Plan Fiscal sometido originalmente, la Junta lo acepto, pero le añadió unas recomendaciones en caso de que no se logren los recortes o los recaudo proyectados, con tal de que Ricky aceptara la responsabilidad (aunque lo use para proyectar que tiene el control del proceso) la Junta ya le dijo a Ricky cuales son las violaciones aunque no las puso por escrito y cuando le devuelvan el presupuesto “mejorado” ya estará esencialmente en cumplimiento con lo que la Junta esperaba y como no se hicieron señalamientos de violaciones se dara nuevamente la apariencia de que Ricky controla el proceso.  ¿De que otra manera podríamos interpretar que mientras se le da 1 solo dia para una revisión final del contenido del presupuesto se le den 2 semanas para “mejorar su presentación”?

A continuación les incluyo el texto del itinerario establecido por la Junta:

1.       May 8, 2017: Oversight Board to approve Governor’s proposed budget or to notify Governor of violations and provide descriptions of all necessary corrective actions;

2.       May 22, 2017:

(a) If the Oversight Board approved the proposed budget, the Legislature shall submit to the Oversight Board the budget it adopts;

(b) If the Oversight Board notified the Governor of violations, the Governor may submit a revised budget to the Oversight Board on or before May 23, 2017;

3.       May 31, 2017:

(a) If the Legislature timely submitted its adopted budget to the Oversight Board, the Oversight Board shall approve it or notify the Legislature of its violations and provide descriptions of all necessary corrective actions;

(b) If the Governor timely submitted a revised budget, the Oversight Board shall approve it or submit to the Governor and Legislature its own revised, compliant budget.

4.       June 7, 2017:

(a) If the Legislature timely submitted a revised, compliant budget to the Oversight Board, the Oversight Board shall issue a compliance certification to the Governor and Legislature.

(b) If the Legislature did not submit a timely, revised, compliant budget, and continues to fail to do so through June 30, 2017, the Oversight Board shall submit its own compliant budget to the Governor and Legislature on July 1, 2017 and that budget, pursuant to PROMESA § 202(e)(3), shall be (i) deemed to be approved by the Governor and Legislature, (ii) deemed to be subject to a compliance certification issued by the Oversight Board to the Governor and Legislature, and (iii) in full force and effect beginning the first day of the fiscal year.

(c) If the Oversight Board submitted the Governor’s or its own budget to the Legislature on or before May 31, 2017, the Legislature shall submit to the Oversight Board the budget it adopts.

5.       June 14, 2017: (a) If the Legislature timely submitted its adopted budget to the Oversight Board, the Oversight Board shall approve it or notify the Legislature of its violations and provide descriptions of all necessary corrective actions.

6.       June 21, 2017:

(a) If the Oversight Board approved the Legislature’s adopted budget, the Oversight Board shall issue a compliance certification to the Governor and Legislature for such budget.

(b) If the Oversight Board notified the Legislature of violations and corrective actions, the Legislature shall submit a revised budget to the Oversight Board.

7.       June 30, 2017:

(a) If the Legislature submits a revised, compliant budget to the Oversight Board, the Oversight Board shall approve it and issue a compliance certification to the Governor and Legislature.

(b) If the Legislature fails to submit a revised, compliant budget to the Oversight Board, the Oversight Board shall submit its own compliant budget to the Governor and Legislature on July 1, 2017 and that budget, pursuant to PROMESA § 202(e)(3), shall be  (i) deemed to be approved by the Governor and Legislature, (ii) deemed to be subject to a compliance certification issued by the Oversight Board to the Governor and Legislature, and (iii) in full force and effect beginning the first day of the fiscal year.

8.       Any time through June 30, 2017: Pursuant to PROMESA § 202(f), if the Governor, Legislature, and Oversight Board each certify that a jointly developed budget reflects a consensus among them, then such budget shall serve as the budget for the Commonwealth for fiscal year 2018.

Si no entienden bien lo que dice, no los culpo, por eso les incluyo un diagrama siimplificado de como debe fluir el proceso:

Si todavía no lo entiende, tampoco los culpo, cuando y como entra en el proceso la Legislatura es confuso.  Asi que hasta que el 23 de abril la Junta informe que el presupuesto de Ricky esta en cumplimiento con el Plan Fiscal no sabremos si y como le llega el presupuesto “aprobado” a la Legislatura.  ¿Se lo envía la Junta directamente?  ¿Se lo devuelve al Gobernador para que entonces convoque el mensaje de presupuesto acostumbrado y lo refiera a la Legislatura?  Ni PROMESA ni las cartas de la Junta establecen esto.

Lo que la aprobación del presupuesto, y anteriormente la aprobación del Plan Fiscal, nos lleva a recordar son las artimañas que Muñoz Marín pudo utilizar en sus años de Gobernador cuando viajaba a EEUU y le decían lo que tenia que hacer y luego venia a PR a informar de sus gestiones exitosas y de como logro las aportaciones para el desarrollo de PR contando con los famosos “amigos de PR”.  Claro, entonces no existían los vuelos diarios a DC, ni mucha gente que pudiera pagarlos, no existían celulares con cámaras para postear en Tweeter las fotos “guillas” que pudieran desmentir lo que después dijera, ni la prensa digital que podría confirmar al instante las supuestas reuniones con congresistas o con funcionarios de Casa Blanca.

En los tiempo de Muñoz, Alejandro hubiera vendido la idea de que PROMESA fue una imposición suya para establecer un comité asesor para el desarrollo de PR, asesor no para PR sino para el Congreso ignorante que no conoce a PR y hasta hubiera reclamado la inclusión de 3 boricuas como un logro suyo.  Igualmente, Ricky hubiera informado que el Plan Fiscal aprobado fue una imposición suya a la Junta y todos se lo hubieran creído, como igualmente informaría que el presupuesto propuesto por el fue el que la Junta tuvo que aceptar.

Claro, la diferencia es que ahora todos los documentos son públicos y todos tenemos acceso a ellos y podemos analizar, por lo menos, lo que por escrito se acuerda y podemos compararlo con lo que anteriormente o posteriormente se dice y señalar las incongruencias y las inconsistencias en el mensaje y en las actuaciones.

Les exhorto a que continuen atentos a las gestiones del Gobierno y analicen las mismas con el conocimiento de la informacion que tenemos disponible.  Si eligen basar su analisis en el mero fanatismo politico partidista sepan que no solo completaron el viaje al pasado sino que sobrepasaron la jornada al asumir una actitud que se justificaria en la ignorancia de nuestra sociedad de mediados del siglo XX pero que resulta imperdonable en este momento historico.