En verdad que los puertorriqueños
somos como los nenes chiquitos, aunque estemos entretenidos con un juguete,
cuando nos enseñan otro, lo echamos al lado.
Así estamos con el IVA y Jorge Suarez.
No me extrañaría que sacar o colar ese asunto haya sido una estrategia
(que ha dado muy buenos resultados) para distraer temporeramente la atención del
IVA.
¿Qué importancia tiene si
arrestaron o no al senador? Si el
procedimiento de esa jurisdicción manda arrestar pues lo tienen que arrestar,
si manda citar, lo tienen que citar, si manda escoltar para que pague una multa,
pues lo escoltan. ¿Eso hace más o menos
grave la falta cometida? NO.
¿Se plantea en la información recopilada que hubo resistencia de parte
del senador? NO. ¿Se plantea que estuviese guiando bajo el
efecto de bebidas alcohólicas (DUI)? NO. Además, el senador debe agradecer que lo “arrestaron”
guardias decentes y no miembros del KKK encubiertos vestidos de policía porque
sabe Dios cual hubiera sido el resultado de esa intervención si hubiese puesto
alguna objeción. Pero analicemos una de
las violaciones, conducir en exceso del límite de la velocidad permitida, algo
que en Puerto Rico ninguno de nosotros comete.
No seamos hipócritas, en PR el límite es 65 MPH en autopista, pero en
realidad ese puede ser el límite en el carril de la derecha, el de los vehículos
lentos.
Pero lo verdaderamente importante
es el acto de maltrato infantil cometido por éste, llevar un menor sin cinturón
de seguridad. Lo que yo quisiera es oír
la opinión de la Secretaria del Departamento de la Familia, ¿o es que el
maltrato infantil que ocurre fuera de PR no está bajo su jurisdicción? ¿Y qué tal si escucháramos al Procurador de
Menores? ESTRUENDOSO SILENCIO. Pero analicemos también esta violación, sabían
que la Ley Núm. 235 de 13 de septiembre de 2012 enmendó la Ley Núm. 22 de 2000,
la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para exigir el uso obligatorio de
asientos protectores elevados, conocidos como “booster seats”, a todo niño
entre las edades de cuatro (4) a nueve (9) años o que mida menos de 4 pies y 9
pulgadas (57 pulgadas), y que toda persona que la viole será sancionada con una
multa de cien (100) dólares? Como dicen
los jóvenes ahora: “Really?”. ¿Cuantos
de ustedes han llevado a sus hijos en asientos “booster” hasta los 9 años en sus carros? Cuando lleven a sus hijos a la escuela fíjense
en cuántos niños viajan en estos asientos.
¿El que no seamos senadores nos exculpa de esta violación a la ley? De hecho, ¿cuantos no vimos vehículos identificados
del Senado transitando por el expreso en exceso de velocidad y escoltado por la
propia Policía? Muy probablemente antes
de que se eliminara la flota de vehículos del Senado no sería raro que el
chofer del Senador llevara al hijo de éste, sin asiento ni cinturón, a la
escuela escoltado por la Policía
asignada al Senado. Todo esto aprobado o,
en el mejor de los casos, tolerado por los electores que elegían y reelegían los
políticos simpáticos y pueblerinos, o que por lo menos a los que no metían la
pata porque no abrían la boca ni para pedir permiso.
Conclusión, queriendo matar un
mosquito con una bomba atómica, se ha perdido el tiempo y se trivializa la
oportunidad de hacer análisis crítico sobre la conducta pública y privada de
nuestros legisladores. ¿Dónde están los lideres
protectores de los derechos de los niños que no condenan la conducta del
senador? ¿O es que acaso el hecho de que
lo cogieran en dirección a Orlando, donde seguramente el senador llevaría al
nene a ver la última atracción de Harry Potter, justifica conducir
negligentemente con un menor desprotegido?
Nota aparte: Lo único positivo de este incidente es la información
de que supuestamente en GA las multas de tránsito de los no-residentes tienen
que pagarse en el momento. Saco a
relucir ésto porque con la propuesta reforma contributiva salió a relucir un artículo
que prohibiría a un extranjero o no-residente a salir de PR sin antes obtener un
documento del Secretario de Hacienda que certificara que no tiene deudas
contributivas. Varias voces han
argumentado que el movimiento interestatal es un derecho constitucional
(federal por supuesto) y que a un ciudadano americano no pueden impedirle salir
de la Isla. Me pregunto yo, ¿si un policía
de un condado de GA puede restringirle la libertad a todo un senador de PR por
una multa de tránsito, porque un Secretario de Hacienda no puede prohibir la
salida de un extranjero o no-residente “jaiba” de esos que vienen a vendernos
la última “yerba milagrosa proveniente de la selva más recóndita de un país de América
Latina” que cura todas las enfermedades y que luego de hacer el negocio en “US
dollars” quiera darse a la huida a su país de origen antes de que los “taxes”
lo alcancen? No importa si queremos ser
estado de la Unión o si queremos ser república independiente, el respeto a
nuestras instituciones se gana dándolas a valer y no asumiendo posturas de no
se puede porque ésto y lo otro. ¿Acaso
no hay acuerdos de extradición entre los estados y PR? Estoy seguro que si se hubiese dado mucha promoción
a estos acuerdos hubiéramos escuchado que no es posible porque un estado de la unión
no tiene que acordar con un territorio, y posiblemente tiene razón, pero que
algo no tenga que ser no significa que no pueda ser. Me gustaría ver a un ciudadano americano
chanchullero y tramposo demandando en el Tribunal Federal al Secretario de
Hacienda por restringirle su libertad al prohibirle su salida porque tiene
deudas contributivas, está evadiendo su responsabilidad y sacando su riqueza
fuera del País. Ese sería otro de los
casos que definen nuestros poderes o nos tiran en la cara la mentira del ELA.
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