jueves, 18 de julio de 2019

NI RENUNCIA NI RESIDENCIAMIENTO


¿Por qué Ricky no renuncia y se aferra a su cargo?  El sabe que su futuro es negro por la posibilidad de que se le implique en multitud de esquemas de corrupción y actos delictivos.  Por tal razón el necesita contar con aliados en los foros adjudicativos locales como el Tribunal Supremo (TS) y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).  Recordemos que esta pendiente que una de las juezas populares del (TS) se retire por edad y que ya la directora de la OEG cumplió con su término.  Recordemos que a raíz del caso de Sánchez Valle los federales determinaron que PR es una sola jurisdicción que incluye el foro estatal y federal y por lo menos la decisión fue respecto a que el foro estatal no podía procesar a un acusado que ya había sido procesado en el foro federal por el mismo crimen.  Lo contrario está por verse, y habrá que ver como resulta si los tribunales locales lo eximen y los federales deciden procesarlo.

Ahora, ¿por qué tantas trabas de la Cámara de Representantes y del Senado para iniciar el proceso de residenciamiento?  Empecemos por la “comisión tripartita” que Johnny Méndez (JM) creó.  Una comisión que se creó siguiendo la tradición de transparencia de esta administración de “lo hago yo por que si” de la misma manera que Ricky se ampara en la opinión que nadie ha visto de un abogado que nadie conoce que se pago con no se sabe que fondos y se desconoce si esta escrita o es verbal.  Resulta interesante conocer cuál es la intención de JM si la comisión decide recomendar que no se proceda con el residenciamiento.  ¿Se amparará en esa opinión para despojar a 2/3 partes de su cuerpo legislativo de decidir basados en el mandato popular recibido en las elecciones y que ellos tanto sacan a relucir si entienden si se debe residenciar al gobernador? O ¿pasará por encima de esa recomendación? Entonces ¿no sería un despilfarro de fondos públicos si se está pagando a estos abogados por su trabajo?  No hubiera sido mas correcto que los representantes leyeran el chat y decidieran las distintas delegaciones cuales posibles delitos se reflejan en el chat con la lista de las entradas del chat que lo reflejan y una vez recopiladas cada delegación con un abogado (si hiciera falta, o ¿es que cuando los eligen se les olvida que son abogados?) redactaran el pliego acusatorio a ser enviado al Senado.

¿Pero porque JM pone tantas trabas?  Aparte del costo político eleccionario con los fieles a la familia Rosselló están involucrados los nombramientos antes mencionados y que Ricky quiere hacer para protegerse.  Estoy seguro de que ni JM ni Thomas Rivera Schatz (TRS) interesan tener que negociar estos nombramientos con un gobernador “emergente” que no es líder de su partido.  Otro punto para evadir el residenciamiento es que TRS ni en sus peores pesadillas soñó con estar llevando un procedimiento bajo la supervisión de la jueza presidenta del TS, lesbiana, popular y que le impuso su archienemigo Eduardo Bathia sin realizar vistas públicas.

Como verán, lo que está detrás de todo este enredo son asuntos tan mezquinos como los mismos comentarios que contiene el chat de Telegram de Ricky y sus amiguitos.  Lamentablemente continuo escuchando a periodistas y analistas hablando de este proceso exigiendo investigaciones y otros procesos que aplican a los procesos jurídicos olvidándose de que este es un proceso político.

El proceso que dispone la constitución es sencillo y no se diseño para atender los antojos o prejuicios de TRS o la incapacidad de Rivera Marín o Wanda Vazquez.  Cualquier requisito o proceso no requerido por la constitución es solo reflejo de la poca intención de cumplir con su mandato constitucional por razones egoístas en lugar de atender las necesidades del Pueblo.

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