DNA

En términos biológicos, DNA, (por las siglas en ingles de “deoxyribonucleic acid”), es el material genético hereditario en humanos.  En las pasadas semanas hemos visto como este término ha sido crítico en varias decisiones judiciales (Caso Lorencito y Caso Glorimar Pérez).  En el primero vimos como los peritos forenses fueron capaces de identificar DNA en distintas piezas de evidencia de al menos 3 personas, ninguna de las cuales fueron sospechosos y no se encontró DNA del acusado, mientras que en el segundo se encontró DNA de dos personas, ninguna de las cuales es la víctima o ninguno de los convictos.

O sea, que aunque se supone que el DNA sea un elemento acusador, o al menos sugerente, en el primero se hizo todo lo contrario.  En el segundo, aún estamos pendientes de cuál será la decisión del Departamento de Justicia (DJ), pero con el historial que llevan no me sorprendería ninguna decisión que tomen, sobre todo cuando a pesar de que fue el propio DJ motu proprio el que decidió hacer las pruebas de DNA y escogió las prendas (sin consultar con la defensa) cuando le fueron adversos los resultados pretendió ignorar los mismos.

Pero este no es el tema de este escrito.  Me he tomado la libertad de usar una “licencia poética” y aplicar el concepto del DNA a otro tema de discusión pública que nos atormenta a todos.  Me refiero a la deuda que agobia las finanzas del Gobierno Central, las Corporaciones Públicas y a todos en general.  Parte de este problema se debe a lo que elegantemente llamaron “deuda extra constitucional” para justificar la emisión de deuda que no estuviera sujeta a los límites constitucionales.  Actualmente se refieren a la misma en términos menos elegantes como “deuda sucia”, término utilizado mayormente para referirse a aquella deuda emitida por países cuando el Gobierno no es uno legitimo (tiranías) o claramente se emite de manera irregular y corrupta para beneficio de los funcionarios que la emiten y de bonistas o contratistas.

Amparados en este concepto de “deuda sucia” algunos sectores han reclamado que se audite nuestra deuda para determinar cuál es constitucional y está cubierta por las garantías de pago que esto implica y cuáles son las que se emitieron de manera anticonstitucional o extra constitucional para reclamar el impago de la misma.

No tengo ningún problema en que se audite la deuda, se identifique la constitucionalidad o no de la misma y que las que no sean constitucionales se analicen en detalle para adjudicar responsabilidades.  En este último caso, al igual que en los casos criminales antes mencionados sugiero que se hagan los estudios y análisis que sean necesarios para encontrar el DNA de cada una de las mismas.  No me refiero a que busquen células epiteliales en los papeles de los contratos o huellas en los bolígrafos con que se firmaron.  Me refiero a que se adjudiquen responsabilidades empezando por el Secretario de Justicia que emitió (si se emitió) la opinión legal que justifico la deuda extra constitucional pasando por los Gobernadores y Jefes de Agencia hasta llegar a aquellos funcionarios que pudieron haberse beneficiado o malversado los fondos obtenidos de estas “deudas sucias”.

En resumen, que se identifique y procese el DNA de la “deuda sucia”, (DNA por Deudores No Autorizados).